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Archivado el caso de especulación inmobiliaria de Arroyo del Fresno

El juez de Madrid Fernando Grande-Marlaska, del Juzgado 36, ha decidido archivar las pesquisas que desarrollaba sobre una extraña operación inmobiliaria en Arroyo del Fresno, en las que se hallaban imputados el ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid Ignacio del Río y el promotor y ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz. El juez considera que ni Del Río ni los demás imputados en la causa -el ex gerente de Urbanismo, Luis Armada, y la técnico Ana Perpiñán- cometieron ninguna infracción penal. El juez explica: "[De las pesquisas] no se concluye en las personas de Del Río, Armada y Perpiñán actuación criminal alguna, sino más bien interés por solucionar la controversia suscitada en términos de legalidad administrativa y defensa de los intereses generales".

Los tres fueron imputados por un delito de prevaricación [dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es] por haber dado luz verde a un convenio firmado en 1997 entre el municipio y la Junta de Compensación de Arroyo del Fresno para levantar 539 nuevas casas contraviniendo supuestamente el plan de urbanismo, tal como denunciaron los técnicos de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. Al juez le resulta extraño que la Comunidad denunciase esa ilegalidad y que no la impugnase en su día.

"Una operación de estupor"

El juez también investigaba en estas diligencias a Lorenzo Sanz y a Carlos Pinilla, presidente de la Junta de Compensación de Arroyo del Fresno. Con terrenos cedidos a esa junta por el Ayuntamiento de Madrid ambos efectuaron una operación inmobiliaria que supuso para el promotor Sanz una ganancia, en un solo día, de 1,081 millones de euros (180 millones de pesetas). El Ayuntamiento vendió el 28 de marzo de 1998 una parcela a la Junta de Compensación de Arroyo del Fresno -presidida por Pinilla- por 218 millones de pesetas. El mismo día, y por el mismo precio, Pinilla se la vendió a Sanz. Y éste, el mismo día la revendió por 398 millones de pesetas a una cooperativa gestionada por Pinilla; es decir, en un solo día el terreno municipal generó unas ganancias para Sanz de 180 millones de pesetas.

El juez señala en el auto que "es cierto" que una operación de este tipo "causa estupor". No obstante, subraya que la misma se produjo "en unas circunstancias propias de una economía de mercado, y en concreto de un sector inmobiliario extramuros, como es notorio, de la mínima razonabilidad, sin perjuicio de la preocupación social que irradia, pero que se verifica fuera del derecho penal". Sanz admitió ante el juez que ese beneficio millonario se debió a la "especulación" llevada a cabo con ese suelo.

El denunciante de estas operaciones inmobiliaria, defendido por Guillermo Pérez Reyes, anunció ayer que recurrirá el archivo de las pesquisas decretado por el juez ante la Audiencia de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de septiembre de 2003