Anticorrupción archiva la denuncia de la Junta contra Cajasur, pero abre la vía administrativa

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia que la Junta presentó contra Cajasur, la caja cordobesa presidida por el sacerdote Miguel Castillejo. Anticorrupción informó el pasado viernes a la Fiscalía General del Estado de su intención de poner fin a la investigación ya que no ha encontrado delito en los hechos denunciados, aunque apunta que se pueden imponer sanciones administrativas a la caja. La Junta, presentó el pasado 20 de febrero la denuncia, en la que apuntaba que los dirigentes de la caja podrían haber cometido delitos de falsedad documental y de apropiación indebida por 10,3 millones de euros.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado confirmaron ayer que Anticorrupción ha decidido archivar la denuncia ya que de las diligencias practicadas en los últimos meses se deduce que los dirigentes de la caja no han cometido irregularidades perseguibles penalmente.

El informe presentado por el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, encargado de la investigación, da por zanjada la vía penal, pero, según Europa Press, apunta la posibilidad de imponer sanciones administrativas a la entidad cordobesa por el hecho de que algunos dirigentes han utilizado, presuntamente, fondos de la caja para asuntos particulares.

El Gobierno andaluz, que el sábado vinculó el posible archivo de la denuncia con el relevo de Carlos Jiménez Villarejo al frente de Anticorrupción, subrayó ayer el hecho de que el fiscal señale que puede haber lugar a sanciones administrativas. Este elemento, según la Junta, confirma la existencia de irregularidades en la gestión de la caja.

Sanciones

Cajasur ha pasado a depender del Ministerio de Economía, en virtud de su fundación eclesiástica, tras acogerse a la Ley Financiera promovida por el Gobierno del PP. Pero la Consejería de Economía entiende que le corresponde la facultad de sancionar, toda vez que la Ley Financiera no quitó al Gobierno andaluz ni la capacidad inspectora ni la sancionadora, y además los hechos denunciados tuvieron lugar antes de que Cajasur pasara a depender del Ministerio de Economía.

Por ello, la Consejería de Economía comenzó ayer mismo a estudiar las posibles sanciones que, por vía administrativa, puede imponer a Cajasur, en espera de que le llegue el texto del archivo.

Fuentes de la Consejería de Economía subrayan que de alguna manera, y por lo que han podido conocer hasta ahora, la fiscalía confirma las tesis de la Junta de que los directivos de Cajasur han utilizado fondos de la entidad financiera para usos privados. La Consejería de Economía destaca que la filtración de la noticia el pasado fin de semana insistía en el archivo de la querella, dejando a un lado este otro extremo del uso indebido de fondos, hecho por el que sí pueden ser sancionados administrativamente los directivos. En esa línea, el secretario general del PSOE de Córdoba, José Antonio Ruiz Almenara, se preguntó por qué se ha producido una filtración tan genérica, sin detalles de la argumentación, informa Antonio Chaves.

La consejera de Economía, Magdalena Alvarez, señaló el sábado que su "responsabilidad era poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía", después de haber advertido irregularidades en el transcurso de la inspección de Cajasur. Por contra, la caja entiende que desde que se acogió a la Ley Financiera depende a todos los efectos del Ministerio de Economía.

La denuncia del Gobierno andaluz contra Cajasur fue fruto de una inspección que realizó en la entidad cordobesa y en ella se hacía una radiografía de cómo había administrado la caja el dinero en los últimos años.

Las irregularidades denunciadas se centraban en las remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno de la caja, que cobraron dietas de 240 euros por ir a misa, al cine o a conciertos; en el uso de los fondos de la obra social y en gastos en restaurantes, joyerías, viajes o seguros médicos privados.

El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, interpretó el carpetazo a la investigación como una "bofetada judicial" al Gobierno andaluz.

Tras acogerse a la Ley Financiera, Cajasur hizo una renovación de sus órganos de gobierno que fortaleció el peso de la Iglesia católica en la caja e introdujo la figura del consejero delegado, puesto para el que fue designado Francisco Jiménez Becerril, hermano del concejal del PP asesinado por ETA Alberto Jiménez Becerril.