Campo de Gibraltar, zona de emergencia
Tarifa y Algeciras asumen la inmigración repartiendo los escasos recursos sociales entre la población autóctona y los inmigrantes
La reciente oleada de pateras, que ha dejado esta semana pasada más de 600 inmigrantes en las costas gaditanas, ha vuelto a generar la alarma ante el desbordamiento de las instalaciones previstas para acoger a todos los detenidos que trataban de alcanzar de manera ilegal las costas españolas cruzando el Estrecho. Sin embargo, y según las administraciones locales y las organizaciones afectadas, es una situación de emergencia que se repite hace años periódicamente: "Cada vez que se producen desembarcos masivos, que son casi todos".
Ni el sofisticado y carísimo (66 millones de euros) Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho (SIVE), ni las continuas detenciones y repatriaciones, frenan la llegada de inmigrantes a las costas gaditanas. Los representantes de las administraciones locales piden que "de una vez por todas", y mientras el problema no se solucione, se consideren los términos municipales del Campo de Gibraltar como zona de emergencia y se les dote de medios para hacer frente a un fenómeno imparable y global que es hoy ya una cuestión de Estado y que este año ha sufrido un incremento del 28% respecto a 2002.
El SIVE detecta pateras y eso ayuda a detener a las personas, pero no evita que lleguen
"Nos obligan a elegir entre ciudadanos legales e ilegales, y todos son personas"
"No puede ser que nos veamos obligados a elegir entre utilizar la ambulancia del centro de salud para atender a un montón de inmigrantes que llegan medio ahogados o quemados tras un desembarco, o dejarla en el centro por si le ocurre algo a algún ciudadano local. Nos obligan a tener que elegir entre prestar los servicios sociales al ciudadano legal o al ilegal, pero ambos son personas. ¿Qué hacemos?", pregunta un miembro del Centro de Salud de Tarifa que prefiere mantener su anonimato.
"Cualquier día nos leen la cartilla al pie de la letra y nos fusilan por subir a la patrullera a muchas más personas de las permitidas. Porque, cada vez que interceptamos una patera, todos sus tripulantes suben a la patrullera: nerviosos, asustados, heridos...Y la responsabilidad de lo que allí pueda suceder la tiene única y exclusivamente el patrón. Pero ¿qué hacemos?, ¿les dejamos allí?, ¿los remolcamos con riesgo de que vuelque la embarcación y se ahoguen la mitad?", pregunta un guardia.
Son cuestiones que nadie querría tener que plantearse y que, sin embargo, tarifeños y algecireños, jóvenes y padres de familia anónimos se ven obligados a responder y a hacerlo rápido y bien, asumiendo responsabilidades que exceden con mucho sus competencias y que ponen en riesgo sus propias vidas. Porque la realidad de la llegada de pateras se impone y siempre supera las expectativas.
La Guardia Civil achaca los masivos desembarcos de los últimos días al buen tiempo. "La curva siempre es ascendente en verano. En parte por el buen tiempo en el mar y en parte por la Operación Regreso del Estrecho. No son pocos los que esperan con sus coches a familiares que llegan en patera para llevárselos con ellos a Francia o donde vayan", explican fuentes del instituto armado. Y los datos les dan la razón: este año, la Comandancia de Algeciras ha detenido ya a 3.334 personas de las que 2.311 fueron interceptadas entre los meses de junio y los primeros días de septiembre. El año pasado, el total de inmigrantes detenidos ascendió a 4.753 y el anterior fueron el doble: 9.823.
Esas cifras, facilitadas por la Guardia Civil, revelan dos cosas: que ha habido años mucho más conflictivos y que la llegada de pateras es algo casi previsible. "Basta con asomarte al Estrecho y ver cómo está la mar. Si no hay levante las probabilidades son altas y si corre una brisa de poniente es prácticamente seguro que llegan", dice un miembro de Protección Civil.
En contra de las declaraciones del ministro del Interior, Ángel Acebes, del pasado jueves, en las que señalaba que el desbordamiento y la falta de medios se debía "a un repunte migratorio extraordinario", los técnicos de los distintos operativos de asistencia aseguran que "no puede ser extraordinario algo que ocurre cada año de la misma manera y en la misma época. Lo que hay que hacer es estar preparados mientras se busca una solución definitiva a este problema", dice uno de los miembros de Cruz Roja-Tarifa, que esta semana admitió que sus recursos ya eran insuficientes para asistir humanitariamente a los inmigrantes y que ya ha solicitado más medios.
En sólo dos años, los inmigrantes han sido atendidos en tres tipos de instalaciones distintas. Primero un polideportivo, después unos módulos en el puerto de Tarifa -ahora abandonados a su suerte pese a que costaron 50 millones de pesetas-, y hoy un antiguo acuartelamiento militar reformado (2 módulos, con 16 celdas separadas por un pasillo central). En ese lugar los inmigrantes han de permanecer, a veces, hasta 24 horas porque el proceso de repatriación se demora al no aceptar Marruecos más de 100 devoluciones diarias.
"Queremos que el lugar de asistencia a los inmigrantes sea permanente, con los servicios necesarios y en las condiciones que corresponde. Y, cuando el problema se solucione, si quieren, lo convertimos en albergue juvenil. Además, habría que crear una comisión en la que participen las tres administraciones para afrontar bien el problema", dice el alcalde de Tarifa, Miguel Manella (PSOE).
"La precariedad en la que se desarrolla la atención al inmigrante revela la falta de una política de inmigración. No hay política de inmigración, hay control de flujos migratorios, pero ¿de qué sirve? Es un error reducir la política de inmigración a un control policial", dice el alcalde de Algeciras, José Antonio Palacios (PSOE).
Es algo que reconocen incluso algunos miembros de la Guardia Civil. "El Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho (SIVE) detecta perfectamente las pateras y nos permite detener a las personas antes de que lleguen a tierra: evitando las llegadas de las embarcaciones a los rompientes en los que muchos morían ahogados y evitando el caos que suponía la llegada a las playas en donde casi era necesario un guardia por inmigrante si queríamos detenerlos a todos". Este año, sin ir más lejos, las detenciones en tierra han pasado de 1.273 en 2002 a 336, según los datos del instituto armado. "Pero aunque podamos ver cuantas personas vienen subidas en cada embarcación", continúan las mismas fuentes, "lo que no podemos evitar es que vengan". Los guardias cumplen así con su obligación pero en la conciencia de que parte de su trabajo es inútil porque no da solución al problema de fondo.
"El fondo del tema es que hay que contactar con el país vecino y llegar a acuerdos de cooperación", dice Javier Mohedano, representante de IU que gobierna junto con el PSOE en Tarifa. Y, para evitar que los escasos recursos sociales tengan que repartirse entre el ciudadano legal y el ilegal generando una comparación xenófoba, podría haber fondos españoles o europeos de cooperación. Y debería declararse esta zona como zona de emergencia. Aquí sufrimos las consecuencias de que dos tercios del planeta vivan por debajo del umbral de la pobreza, pero eso no lo podemos solucionar nosotros. Ellos ven una calidad de vida que está al alcance de su mano en un buen día de viento".
La distancia entre esos dos mundos es sólo de 14 millas y, hoy por hoy, lo único que de verdad frena la huida de una orilla a otra del Estrecho es el viento de levante.
El centro de inmigrantes que nunca existió
Fue construido hace un año y medio, aproximadamente. Iba a ser un centro ejemplar para la acogida de inmigrantes irregulares y se organizó una visita a sus instalaciones con la compañía del presidente de la Diputación de Cádiz, entonces Rafael Román
Costó 1.200.000 euros (unos 200 millones de pesetas). Dos terceras partes (150 millones) de su coste fueron subvencionadas por la Unión Europea tras la presentación del proyecto por parte de la Diputación de Cádiz y con el argumento de "necesidad humanitaria". La parte restante (50 millones) la aportó la propia Diputación y los terrenos para su construcción, conocidos como Cortijo Marchenilla, con unas estupendas vistas al Estrecho y en la carretera que va de Tarifa a Algeciras, los cedió el Ayuntamiento de Gibraltar.
Aquel centro, llamado Centro de Acogida de Inmigrantes, tenía capacidad para albergar temporalmente a 250 personas y contaba con unas completas instalaciones que incluían, según explicaron entonces e in situ, dormitorios, aseos, cocina, comedor, zona de ocio, de asistencia letrada y de asistencia médica.
Pues bien, ese lugar, que ahora es reclamado por las administraciones locales y por el PSOE mediante una proposición de Ley en el Congreso para mejorar la asistencia a los inmigrantes que llegan a nuestras costas y que de momento ingresan directamente en un antiguo acuartelamiento militar reformado, ya está construido. El problema es que, en lugar de ser utilizado como centro de Acogida de Inmigrantes, que es para lo que fue concebido, se usa como Centro de Internamiento de Jóvenes Delincuentes. ¿Por qué?
Los representantes políticos locales hablan de "malos entendidos entre el entonces alcalde de Algeciras, Patricio González, y el Gobierno central". Las ONG dicen que lo han preguntado pero que no han obtenido respuesta. El entonces presidente de la Diputación, Rafael Román, asegura que fue el Ministerio de Asuntos Sociales quien no quiso el centro. "Tanto yo como el alcalde de Algeciras se lo ofrecimos en varias ocasiones y nunca lo quisieron, porque no les interesaba un lugar tan visible. Pero la gestión y el mantenimiento del centro ya no dependía ni de de Diputación, ni del Ayuntamiento. Así que, en vista de que estaba sin uso alguno, la Junta de Andalucía solicitó permiso a la Diputación para utilizarlo como Centro de Internamiento de Jóvenes Delincuentes, y la Diputación dio un permiso provisional para tal uso", explica.
En el acta de la comisión puede leerse: "...la cesión [del centro] tendrá siempre carácter provisional y mientras el citado centro no pase a estar destinado al fin para el que había sido construido, esto es un Centro de Acogida de Inmigrantes".
El Ministerio de Asuntos Sociales asegura que es falso que no quisieran el centro. "Es cierto que contactaron con el Imserso y ofrecieron el centro. Fuimos a ver el edificio pero tenía importantes irregularidades: no tenía acometidas de agua y luz, no tenía accesos a la zona y, sobre todo, el terreno donde estaba [que es del Ayuntamiento de Algeciras] no estaba calificado legalmente. Enviamos al alcalde varias cartas mostrando nuestro interés en el centro, pero tenían que subsanar esas irregularidades. Nunca hubo respuesta".
El caso es que, como dice el refrán, "los unos por los otros, la casa sin barrer". El centro ya no es lo que iba a ser, el dinero que fue dado para una cosa ha sido destinado para otra y los terrenos sobre los que ahora está construido un centro de jóvenes quizá sean tan irregulares como los inmigrantes que iban a hospedarse en ellos.
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