Un laberinto personal y judicial

Separada y madre de una niña de tres años, una mujer en la cuarentena vive con miedo. Víctima de la violencia de su ex marido y enmarañada en un laberinto personal y judicial, abandonó Barcelona y recaló en Guipúzcoa hace casi un año en busca de una mejor situación para ella y su pequeña, a la que su padre puede visitar. Ahora se ha topado con la penúltima contrariedad. El pasado 2 de agosto, solicitó al Juzgado de Instrucción número 5 de San Sebastián la aplicación de la orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica, aprobada justo tres días antes. El juez sustituto -la titular estaba de vacaciones- le denegó la petición.

Éste es el último capítulo del calvario de una mujer que interpuso una demanda de separación de su esposo en 1999, estando embarada y tras sufrir malos tratos y vejaciones, explicó ayer su abogada, Julia Hernández. Nacida la niña, la justicia estableció un régimen de visitas para el padre.

Pese al proceso de separación, según indicó la letrada, la mujer siguió padeciendo agresiones, amenazas y coacciones de su marido, lo que se traducjo en un rosario de denuncias ante los juzgados de Barcelona. Aunque algunas están por resolver, el hombre ha sido condenado en varias ocasiones a pagar sendas multas. En abril de 2002, un juez dictó una orden de alejamiento de la mujer y la niña, pero otro magistrado admitió que el padre continuara con el régimen de visitas.

Primer caso

A este cruce de procedimientos civiles y penales, se suma otra denuncia de la mujer. En 2001, empezó a sospechar que su hija, que entonces tenía dos años, podía estar siendo víctima de un presunto delito de abusos sexuales por parte del padre. La mujer presentó una denuncia, el caso fue sobreseído y ella recurrió. A la espera de la resolución del recurso, la abogada Julia Hernández sostuvo ayer que el caso se cerró sin practicar diligencia alguna, pues, aseguró, no se tomó declaración al padre ni se asistió psicológicamente a la pequeña.

La mujer decidió entonces trasladarse de Barcelona a Guipúzcoa. Como su ex esposo tiene derecho a visitar a su hija, la justicia "se ha permitido el lujo de informar a su ex marido dónde vive la mujer, lo que le ha obligado a abandonar de nuevo su casa", criticó la presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella.

La víctima vio una salida tras conocer la aprobación de la orden de protección a las víctimas. Fue la primera mujer en Euskadi que pidió al juzgado su aplicación, que se traduciría en que su ex marido no conocería su paradero ni podría visitar a la niña. El juez sustituto denegó su demanda. Alegó que no existen criterios objetivos que fundamenten que ella o su hija están en peligro, según señaló Hernández. La letrada ha presentado un recurso al que espera que la juez titular responda positivamente.