La CMT forzará una bajada de las llamadas de fijo a móvil

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) obligará a revisar las tarifas de las llamadas de fijo a móvil, ya que va a forzar a las compañías de telefonía móvil en las próximas semanas a bajar en torno a un 5% las tarifas de terminación de llamada (lo que pagan las compañías de fijo por el tramo de la llamada que pasa por la red de móvil). Esta rebaja no supone una revisión automática del precio de las llamadas que paga el usuario puesto que dependerá de si, a su vez, las compañías de telefonía fija repercuten esas rebajas en sus tarifas.

Otras tarifas, las que cobra la Telefónica de España a sus 17 millones de abonados, deberán ser revisadas de acuerdo al calendario previsto, el próximo 31 de octubre. El precio del conjunto de llamadas caerá una media del 2%. La última revisión se producirá el próximo año, en el que se congelarán, aunque subirá la cuota de abono un 4,3%. En 2005, la compañía podrá fijar libremente sus precios.

Por otra parte, el presidente de Telefónica, Julio Linares, exigió ayer en Santander a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) que tenga en cuenta el coste del expediente de regulación de empleo (ERE), que supondrá la salida de 15.000 trabajadores hasta 2007, a la hora de fijar las tarifas de interconexión, lo que pagan el resto de compañías por usar su red.

La CMT fija esas tarifas anualmente teniendo en cuenta el conjunto de costes de Telefónica (contabilidad de costes), de forma que si se incluye para el cálculo de los mismos los fondos previstos para el ERE (evaluados en 3.750 millones de euros), y que no se han incluido en anteriores regulaciones, deberían subir o, por lo menos, no bajar las tarifas de interconexión.

Regulación de empleo

La compañía ya dijo en el plan social del ERE que el hecho de que no se tengan en cuenta estos costes y, que posteriormente, se traslade la mejora de productividad a la bajada de tarifas, podría provocar nuevos ajustes de empleo. Telefónica estima que estos gastos deben recibir un tratamiento similar a los costes de la transición a la competencia (CTC) que se les reconocieron a las eléctricas.

Pero Telefónica quiere también que les descarguen de una serie de obligaciones por el denominado servicio universal (la cobertura mínima de servicios de telecomunicaciones para todos los ciudadanos) que la compañía evalúa en 271 millones de euros. La operadora cree que se deben repartir entre todos los operadores los costes del denominado abono social del que disfrutan 500.000 jubilados (pagan sólo 0,6 euros al mes en lugar de 12,6) o el mantenimiento de 3 millones de líneas en zonas que resultan deficitarias por el escaso consumo, según indicó Linares en el curso de telecomunicaciones de la Universidad Menéndez Pelayo.