Los registros civiles de 41 ciudades recogen 1.092 muertes más durante la ola de calor

Un millar de muertes adicionales, como mínimo, durante la ola de calor más prolongada de que se tiene constancia en España. Los datos de defunciones inscritas en los registros civiles correspondientes al 18,2% de la población española (7,6 millones de habitantes) reflejan que durante la primera quincena de agosto fallecieron en los municipios de los que EL PAÍS ha logrado cifras oficiales, un total de 4.300 personas, 1.092 más que en el mismo periodo del pasado año. El Ministerio de Sanidad ha encargado un estudio epidemiológico al Instituto Carlos III sobre los efectos de la canícula en la salud de los ciudadanos, pero el Gobierno español, a diferencia del francés, el portugués y el británico, aún no ha proporcionado ni un cálculo de esa sobremortalidad y sólo admite un centenar de defunciones atribuidas a las altas temperaturas.

En Valencia, lo peor ocurrió el puente del 15 de agosto: 104 fallecidos en cuatro días

Este diario ha recabado a través de sus corresponsales las cifras oficiales de defunciones en los registros civiles y ha logrado las de 19 capitales de provincia o de autonomía, de una comunidad autónoma, Navarra, y de otros 22 municipios de población diversa. Sólo en una de las primeras (Castellón) bajó algo (en dos personas) la cifra de muertes respecto a la primera quincena de agosto de 2002 y también en cuatro ciudades de menos de 60.000 habitantes.

Las subidas son espectaculares en lugares como Huelva, Vitoria, Mataró o Rubí, donde hubo más del doble de defunciones, o en Barcelona, con un incremento del 58%, lo que obligó a las funerarias a retrasar entierros e incineraciones y a guardar los cadáveres en carpas dotadas de refrigeración.

En Valencia, donde perdieron la vida 66 personas más que en el mismo periodo del año anterior, lo peor ocurrió el fin de semana justo posterior a esa fecha: en cuatro días (del 15 al 19 de agosto) se registró un centenar de defunciones.

El resultado global arroja 1.092 fallecimientos adicionales y un aumento medio del 34%. Si esa media se mantuviese en el conjunto de la población española, con 41.837.894 habitantes según los datos del padrón en 2002, habrían muerto casi 6.000 personas más en esa quincena de agosto (en todo el mes de 2002 el Instituto Nacional de Estadística refleja 27.185 fallecidos en toda España).

La investigación realizada por este diario confirma los datos que han ido proporcionando los tanatorios, única fuente disponible durante semanas para conocer lo que estaba sucediendo, tanto en España como en otros países europeos.

De los datos de las funerarias de 15 de las mayores ciudades catalanas, que suman 3,5 millones de habitantes, concluían el pasado día 21 que durante julio y la primera quincena de agosto se registraron 1.670 defunciones más que en el mismo periodo de 2002, lo que implica un aumento del 34,5%, una media casi idéntica a la que arrojan los registros civiles consultados.

Y la información suministrada por los servicios de salud autonómicos al Ministerio de Sanidad sobre las muertes hospitalarias durante el mes de julio arrojaban como resultado que éstas se habían incrementado en todas las comunidades excepto en el País Vasco.

Pero pese a todos estos indicios, el Gobierno no dispone de ningún cálculo sobre los efectos de las altísimas temperaturas sostenidas desde el 15 de julio. Tampoco había tomado ninguna medida especial ante la ola de calor pese a que la Dirección General de Protección Civil había alertado el 29 de julio de que se avecinaba lo peor de la canícula.

El 18 de agosto, una vez que el Instituto Nacional de Meteorología había anunciado que remitía la ola de calor, el Ministerio de Sanidad decidió reclamar a las comunidades autónomas las cifras de fallecidos, de las que hasta entonces se había ido informando con cuentagotas.

El Servicio Andaluz de Salud y el de Extremadura habían llevado un recuento estricto de las muertes que se estaban produciendo. En otros casos, como el de la Generalitat valenciana, negaban que hubiese ningún fallecido pero informó al ministerio de tres defunciones por golpe de calor.

Ese mismo día 18, el director general de Sanidad francés, Lucien Abenhaïm, presentó su dimisión tras admitir que al menos 5.000 personas habían muerto durante la canícula y que el sistema sanitario de ese país no había estado a la altura del problema. La alarma había saltado cuando los médicos de urgencias empezaron a quejarse de la saturación de las urgencias de los hospitales. Después las empresas funerarias comenzaron a dar cifras escalofriantes y las autoridades comenzaron a asumir que cientos de ancianos habían muerto trágicamente solos en sus casas.

El resultado de la información proporcionada por las autonomías españolas arrojó un centenar de fallecidos en cuyo certificado de defunción se relacionaba ésta con un golpe de calor o con el agravamiento de las patologías previas. Un goteo de muertes de personas ingresadas en hospitales por patologías relacionadas con el calor eleva esa cifra a 105 las defunciones hasta ayer que las autoridades sanitarias atribuyen a los efectos de las altas temperaturas.

El pasado viernes el Instituto de Vigilancia Sanitaria francés cifró en 11.435 las defunciones adicionales ocurridas en ese país (con 59.521.000 habitantes en 2001, según el organismo europeo de estadística Eurostat) por las altas temperaturas en las dos primeras semanas de agosto.

El Gobierno portugués (10.023.000 habitantes, según la misma fuente) informó el día 21 que desde finales de julio hasta el 12 de agosto habían fallecido 1.316 personas más que en el mismo periodo del año anterior.

Otro tanto hizo la Oficina Nacional de Estadísticas británica, que el 26 de agosto hizo público que en la semana del 8 al 15 de ese mes hubo en el país (con 59.832.000 ciudadanos) un total de 10.132 muertes, 907 más que la media de semanas parecidas durante los últimos cinco años.

En España ningún organismo ha suministrado datos parecidos y el estudio encargado por Sanidad al Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de la Salud Carlos III, que está recabando cifras en registros civiles de capitales de provincia y una muestra de municipios de menos de 10.000 habitantes, no tendrá resultados hasta dentro de una semana.

Con información de Francisco Cantalapiedra, Ginés Donaire, José Luis Estévez, María José López, Rebeca Llorente, Eloy Madorrán, Andreu Manresa, Aurelio Martín, Concha Monserrat, Mikel Muez, Mikel Ormazábal, Ester Riu, Lucía Vallellano, Ignacio Zafra y Lara Otero.