Datos públicos de difícil acceso incluso para los Gobiernos

"Napoleón o la III República hubieran tenido los datos en tan solo dos días". Con ese aserto, el democristiano francés François Bayrou se lamentaba la semana pasada de lo "vergonzoso" que resulta que "en la época de Internet" la Administración no conozca las cifras de fallecidos durante la ola de calor. Ni siquiera en un país tan centralizado como Francia, cuyo primer ministro, Jean Pierre Raffarin, también confiesa su "indignación" ante la imposibilidad de disponer de "estadísticas fiables" antes de que diese a conocer las suyas el Instituto de Vigilancia Sanitaria.

Algo similar ocurre en España. Dado que las cifras de defunciones hospitalarias no dan más que indicios ante un fenómeno que se ceba sobre todo en ancianos que fallecen más o menos solos en sus domicilios, únicamente los registros civiles sirven de fuente absolutamente fiable a la hora de realizar una estadística. Son estos precisamente los que nutren los datos oficiales de movimientos naturales de población que publica el Instituto Nacional de Estadística, con una demora de meses, así que en este caso no sólo no ha proporcionado datos sino que tampoco ha accedido a realizar una extrapolación a toda la población con las cifras recogidas por este diario referidas al 18% de los ciudadanos.

Los datos de las funerarias arrojaban una subida media casi idéntica a la registral

Ni central ni electrónico

No existe un registro civil central (el que tiene ese nombre inscribe las incidencias ocurridas a españoles en el extranjero) y está encargado a Cap Gemini Ernst & Young un proyecto piloto de registro civil electrónico que debe finalizar el 4 de noviembre y que se ensaya en Madrid, Móstoles y Valencia.

Pero el dato bruto de cuántas defunciones se han inscrito es de acceso público y cualquier ciudadano tiene derecho a obtenerlo, según informó el Ministerio de Justicia, del que dependen los registros.

Pues bien, en algunos casos ha sido imposible conseguirlo, ni siquiera previa solicitud de ayuda a Justicia, como ocurrió en el caso de Madrid. Antes de que el Ministerio de Sanidad encargase un estudio epidemiológico, en el departamento de defunciones una funcionaria informaba de que en unos días podrían facilitar los datos solicitados. Pero el miércoles pasado ya era imposible obtenerlos hasta que terminase el mes de agosto: ni el sistema informático permitía acceder a esas cifras ni hubo quien asumiese la responsabilidad de proporcionarlas en ausencia de la secretaria judicial.

Tampoco los registros de Canarias, Lleida, Girona y A Coruña accedieron a dar los datos públicos; el de Málaga lo exigió por escrito, el de Sevilla alegó que no estaba el magistrado titular y en el de Cádiz afirmaron directamente que primero los darían al ministerio y después a los medios de comunicación.