¿Qué habría dicho?

El dictamen con las conclusiones de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid que se vota hoy será un veredicto de parte. La comisión no ha funcionado como mecanismo de indagación, sino como tribuna de reafirmación de las dos hipótesis que se enfrentaban de partida: la de los socialistas, según la cual tras la deserción de los diputados Tamayo y Sáez existía una trama inmobiliaria dirigida o inspirada por el PP; y la de los populares, que atribuyen la crisis a problemas internos de los socialistas. Por ello, lo de menos será cuál de las dos versiones resulte aprobada; lo será sin duda la del PP merced a la mayoría que le han dado los desertores; pero ese mismo hecho será esgrimido por el PSOE como prueba adicional de su acusación de connivencia.

Los socialistas han presentado como evidencia lo que era una hipótesis razonable, pero no avalada por pruebas: la de que Tamayo trabajaba para alguien interesado en que la política urbanística siguiera en manos del PP, lo que le llevó a ofrecer sus votos, decisivos para cambiar la mayoría, a ese partido. Las llamadas y contactos cruzados, en momentos clave del enredo, entre Tamayo, su abogado, dos constructores y el máximo dirigente del PP en Madrid constituyen indicios que dan verosimilitud a la hipótesis. Sobre todo cuando los dos diputados huidos no han logrado convencer a nadie de que existían razones políticas -su rechazo a los acuerdos con IU no pasan de la más ingenua patraña- para su deserción. Pero de la comisión no han salido evidencias que prueben que esa operación fue diseñada por el PP; y los indicios de que los populares aceptaron como mínimo tomar en consideración la oferta de los tránsfugas, no son concluyentes. Sin embargo, la hipótesis alternativa en que se encastilló el portavoz del PP en la comisión (guerras cainitas entre los socialistas), puede explicar otras cosas, pero no la existencia de ese nudo de contactos.

Pero si la comisión no ha servido para lo que se creó, sí ha actuado como espejo ante la opinión pública de usos y comportamientos que los electores no podrán dejar de tener en cuenta a la hora de votar en las elecciones repetidas que se celebrarán el último domingo de octubre. Por una parte, la desenvoltura con que se mueven algunos políticos en el terreno de los intereses inmobiliarios, y el cruce entre intereses privados y públicos que resulta de esa familiaridad. Con situaciones verdaderamente sorprendentes, como la de un director general de Suelo haciendo negocios con adjudicatarios de solares públicos. Por otra, la diferencia entre el nivel de exigencia que aplican a los demás y la manga ancha con que ciertos dirigentes se juzgan a sí mismos (y a los suyos) cuando actúan de manera irregular, por decir lo menos.

Porque ¿qué habría dicho el entonces líder de la oposición si hace 10 años el principal dirigente del PSOE en Madrid -pongamos, Joaquín Leguina- hubiera ocultado ante una comisión parlamentaria que cobraba de una empresa en la que no trabajaba, la cual mantenía relaciones comerciales privilegiadas con la Administración, cuyos empleados figuraban como administradores de sociedades relacionadas con la promoción inmobiliaria y cuyo propietario era contertulio de, pongamos, Felipe González en la bodeguiya?