El PP solicita a la Junta que informe sobre el estado de Marbella antes de la disolución

24 horas después de que su grupo en el Congreso emplazase al Gobierno central a elaborar un informe jurídico que fundamente la disolución del Ayuntamiento de Marbella, el PP de Andalucía inscribió ayer en el Parlamento autonómico una proposición no de ley en la que insta al Ejecutivo andaluz a elaborar "en el plazo más breve posible" un informe sobre la situación jurídica, económico-financiera y urbanística del consistorio. Para el portavoz popular, Antonio Sanz, estos documentos son "imprescindibles" para tomar una decisión que no puede ser, enfatizó, "ni precipitada ni caprichosa".

Poco a poco los dos principales grupos políticos de Andalucía, PSOE y Partido Popular, van aproximando posiciones respecto a cómo actuar tras el triunfo de la moción de censura, interpuesta por un revoltijo de tránsfugas, en el Ayuntamiento de Marbella, gobernado desde 1991 por el Grupo Independiente Liberal (GIL). El PP, que se niega en redondo a plantear una disolución inmediata del ayuntamiento, va dando pasos en esa dirección, a través de la petición de diversos informes jurídicos a los Gobiernos central y andaluz.

En la iniciativa registrada ayer en la Cámara autonómica, los populares subrayan las "graves irregularidades" e "incumplimientos" de las normas legales desde la llegada de Jesús Gil a la alcaldía; los constantes enfrentamientos con la Junta por la concesión de licencias urbanísticas ilegales; y la querella interpuesta el 2 de abril de 2003 por la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil, el ex alcalde Julián Muñoz y contra otras 34 personas, entre ellas la actual alcaldesa, Marisol Yagüe y el tercer teniente de alcalde, el ex portavoz del PA, Carlos Fernández, por una presunta defraudación de más de 90 millones de euros.

El PP considera que todos estos hechos y la "bochornosa" moción de censura en Marbella abre un debate sobre "la posible situación de excepcionalidad en la que pudiera encontrarse el Ayuntamiento" y su "eventual" disolución, una decisión que puede ser solicitada por el Gobierno andaluz (al menos debe tener conocimiento de la misma), requiere el acuerdo previo del Senado, con mayoría absoluta del PP, y finalmente, la sanción del Consejo de Ministros.

"Máximo rigor"

Para llegar a este punto el PP quiere máximas garantías jurídicas. "La disolución no puede ser el resultado del capricho de un partido ni el fruto de una iniciativa partidista, sino que debe contar con un aval legal elaborado con el máximo rigor", afirmó Sanz. En la proposición no de ley, al margen de los informes solicitados, el PP pide al Ejecutivo andaluz que se pronuncie sobre en "qué medida" puede estar afectando esta situación al Ayuntamiento de Marbella en sus "obligaciones constitucionales y la gestión de los intereses generales".

Sanz aprovechó su comparecencia para lanzar puyazos al Partido Socialista porque percibe que está "reculando" al decir que "a los actuales gobernantes de Marbella hay que darles un margen de confianza, una especie de nueva oportunidad". Sin embargo, lo que ha hecho el PSOE de Andalucía es aproximarse a las tesis del PP, ya que como afirmó el secretario general popular, Javier Arenas, antes de intervenir el Ayuntamiento "hay que comprobar que está afectando de manera dañina al interés general y se incumplen obligaciones constitucionales". Los socialistas han propuesto dar un plazo de tiempo al nuevo gobierno local (hasta final de año) para que demuestre palmariamente que se ajusta la legalidad. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, insistió ayer en esta idea: o hay una "disolución inmediata", lo cual requiere consenso político, o el equipo de gobierno actual da "un giro de 180 grados", lo que considera poco factible.

El secretario de Organización del PSOE, Luis Pizarro, envió ayer una carta a Sanz y al secretario general del PA, Antonio Ortega, en la que propone una reunión para buscar una "solución democrática" al Ayuntamiento de Marbella. "El riesgo de que Jesús Gil siga manejando a su antojo y sin escrúpulos" la gestión municipal; la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Yagüe; y la contratación como asesor urbanístico de José Luis Roca, cuya destitución como gerente de Urbanismo por Julián Muñoz espoleó la moción de censura son, a juicio de Pizarro, "evidencias innegables" para "acometer medidas ante los graves perjuicios que acarreará con toda seguridad" a las marbellíes.

La reunión aún no tiene fecha y su convocatoria está siendo un tanto farragosa y burocrática, ya que antes Chaves debe llamar por teléfono a la presidenta del PP, Teófila Martínez, para concretar los términos del encuentro. La llamada se producirá hoy.