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Iberpistas exigirá a Fomento 15 millones por el retraso de las obras de la A-6

Un estudio ambiental obligó a demorar el inicio de los trabajos de la carretera de peaje

El Gobierno adjudicó en 1999 a la empresa Iberpistas la construcción y explotación de dos tramos de autopista de peaje A-6. Se trataba de dos ramales que conectasen Madrid con Ávila y Segovia. La obra también incluía dotar a la N-VI de un carril más entre Las Rozas y Villalba, además de un tercer túnel bajo la sierra. En principio, el nuevo carril no le iba a costar nada a la Administración y no iba a tener peaje. Pero como las obras llevan más de tres años de retraso por problemas administrativos, Iberpistas reclamará a Fomento 15 millones de indemnización.

El consejero portavoz de Iberpistas, José Antonio López Casas, asegura que el retraso de la ampliación de la autopista de peaje A-6 le supondrá a la empresa un coste adicional de alrededor de 15 millones de euros. "Simplemente por la aplicación de los índices de revisión y de los índices de coste de vida, las obras se incrementarán entre un 8% y un 10% con respecto al presupuesto inicial (cerca de 150 millones de euros). Obviamente, todo esto va a ser objeto de una reclamación ante la Administración".

López Casas explica que el retraso de los trabajos se debió a la obligación de realizar una declaración de impacto ambiental sobre el nuevo carril que unirá Las Rozas con Villalba. "Cuando se nos adjudicó esta obra hace cuatro años, esta obligación no estaba en la legislación. Pero al final, fue necesario. Por supuesto, todo esto son trámites burocráticos y audiencias a todas las personas interesadas. En definitiva, un retraso".

Las obras de ampliación de la A-6 deberían haber concluido este año. Sin embargo, tras la publicación de un real decreto en octubre de 2000, que modificaba a su vez uno anterior de 1986 sobre el procedimiento de evaluación ambiental, todo cambió.

Con ese nuevo real decreto se estableció por primera vez que "las actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales preexistentes en una longitud continuada de más de 10 kilómetros" deberían someterse a una declaración de impacto ambiental. Éste era el caso del tramo que discurre por la Comunidad de Madrid.

Finalmente, la Secretaría General de Medio Ambiente consideró "ambientalmente viables" todos los trazados previstos para la ampliación de la A-6 en noviembre del pasado año y junio de 2003.

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La ampliación de esta autopista de peaje supone la construcción de un cuarto carril entre los municipios de Las Rozas y Villalba. Asimismo, incluye un tercer carril adicional entre Villalba y el enlace del Valle de los Caídos, y una tercera calzada, que tendrá carácter reversible, entre el enlace del Valle de los Caídos y el peaje de San Rafael (Segovia), además de un tercer túnel en la sierra de Guadarrama.

Según el consejero portavoz de Iberpistas, los proyectos de trazado ya han sido presentados para su aprobación o rectificación al Ministerio de Fomento. "Esperamos que en el mes de septiembre tengamos la resolución y podamos sacar las obras a concurso, de tal manera que se adjudiquen dentro de este año y comiencen los trabajos en el primer trimestre de 2004", sostiene el representante de la empresa.

López Casas calcula que si se cumplen estos plazos "a finales del año 2006 estaría todo terminado, porque hay que tener en cuenta que el túnel de Guadarrama son tres kilómetros de obra".

Esta fecha dista mucho del plazo fijado en un principio por Iberpistas para poner en marcha estos servicios, ya que la empresa tenía previsto inaugurar todos los tramos a lo largo de 2003. "Es que son casi cuatro años de tramitación, cuando estábamos pensando que en cuatro años no sólo se tramitaba, sino que también se ejecutaba", aclara el consejero portavoz de Iberpistas.

El proyecto también se ha topado con un nuevo obstáculo. En 2001, la Comisión Europea no vio claro el modo en que el Ministerio de Fomento adjudicó la construcción, conservación y explotación de los dos tramos de la autopista de peaje A-6, que une Madrid, Ávila y Segovia. La Comisión formuló diversas objeciones, según el comunicado que envió a Comisiones Obreras de Ávila y la Plataforma Sierra de Segovia, en respuesta a la queja presentada por ambas organizaciones.

No estaba en el proyecto

Bruselas consideró que la concesión administrativa a Iberpistas conllevó determinadas actuaciones no previstas en los pliegos de condiciones.

La Comisión Europea mencionó entonces la construcción del cuarto carril entre Las Rozas y Villalba -que la compañía adjudicataria añadió como mejora de su oferta, aunque no estaba en el proyecto-, así como la construcción de una nueva área de peaje en San Rafael.

Precisamente, Iberpistas ganó el concurso gracias a una aportación fundamental en su oferta: la construcción de forma gratuita para el Estado de un cuarto carril sin peaje en el tramo de autovía que va desde el municipio de Las Rozas hasta Villalba. Por este motivo, el Ministerio de Fomento (cuyo titular era Rafael Arias-Salgado) adjudicó a Iberpistas la construcción de las dos autopistas de peaje a Ávila y Segovia, que ya están en servicio.

El portavoz de la empresa se mostró convencido de la limpieza de todo el proceso de adjudicación de las obras. "El proceso fue sumamente claro. Las cláusulas del concurso dejaban claro que se evaluaban las mejoras adicionales que los concursantes presentasen", manifestó López Casas.

Pendientes del Supremo

La Asociación Ecologista Centaurea de Segovia y la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Ávila presentaron el 31 de agosto de 2002 un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación a Iberpistas de los tramos de peaje a Segovia y Ávila y la ampliación en un carril más de la A-6 entre Las Rozas y Villalba.

El portavoz de los ecologistas, Carlos Bravo, sostiene que "hubo claramente un chanchullo y toda una actuación irregular entre el Ministerio de Fomento e Iberpistas para que, con el pretexto de hacer dos autopistas que uniesen Madrid con Ávila y Segovia, ampliar ilegalmente el periodo de concesión del tramo Villalba-Adanero del 2018 al 2050".

Bravo califica la concesión de "montaje para beneficiar a una empresa" ya que, dice, Iberpistas "se llevará 200.000 millones de pesetas de acuerdo a las previsiones de tráfico".

Desde la asociación ecologista lamentan que el Estado "pierda económicamente", porque se amplia el periodo de concesión del tramo Villalba-Adanero y los ciudadanos tendrán que pagar más años un peaje que iba a acabarse en 2018. "El sector económico de estas provincias se verá perjudicado por tener que asumir un impuesto extra. Es una estafa y un fraude", matiza Bravo.

El portavoz de los ecologistas asegura que en octubre de este año ya habrá sentencia del Tribunal Supremo. Asimismo, mantiene que la Comisión Europea llevará el caso ante el Tribunal de Justicia Europeo porque, según los ecologistas, se violó el derecho de libre concurrencia en la adjudicación.

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