PSOE e IU denuncian que el Gobierno quiere "anular" la Fiscalía Anticorrupción

La ampliación de la Fiscalía Anticorrupción a "nuevas competencias", como el robo de coches de lujo, el pirateo de discos o el tráfico de inmigrantes, fue recibida con desconfianza por los partidos de la oposición y los fiscales progresistas, que coincidieron en valorarla como una maniobra del ministro de Justicia, José María Michavila, para "inundar la fiscalía de competencias a fin de vaciarla de contenido". El portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, declaró que se trata de una "cortina de humo" para tapar las "órdenes" del Gobierno de que no se investigue la trama de Madrid.

En la última memoria de Anticorrupción, su depuesto jefe, José Jiménez Villarejo, denunciaba la ayuda de bancos y cajas a determinados clientes para defraudar a Hacienda con productos fiduciarios extranjeros, a través de testaferros en paraísos fiscales. De ahí a investigar a los organizadores de robo de coches para la exportación, las mafias del top manta y otros delitos comunes como la falsificación de tarjetas de crédito va un trecho demasiado amplio como para no despertar suspicacias. Según Antonio Camacho, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), bajo la apariencia de ampliar las competencias se trata de "vaciar de contenido" la Fiscalía Anticorrupción.

"Anticorrupción fue creada como una fiscalía especial para investigar los grandes delitos económicos relacionados con la corrupción", recuerda Antonio Camacho, y entre sus competencias figuran los delitos contra la Hacienda pública, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, cohechos, fraudes y exacciones ilegales... Añadirle competencias de delincuencia común es una forma indirecta de cargársela", asegura Camacho.

La desaparición de Anticorrupción ya fue sugerida por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, poco antes de la destitución de Jiménez Villarejo. El pasado julio, Cardenal consiguió poner al frente del polémico destacamento a uno de sus hombres de confianza, el fiscal Antonio Salinas, especializado además en la persecución de las redes de financiación ilegal del PSOE. Ahora, el ministro Michavila quiere hacer de esa fiscalía una"unidad especializada en la lucha contra las mafias", un cometido, según Camacho, "muy alejado del actual, de luchar contra la corrupción de los poderes políticos y económicos del país".

Según el portavoz de la UPF, "en cada provincia hay 15 o 16 bandas organizadas de delincuentes comunes, desde los que asaltan a automovilistas en la autopista hasta los que trafican con inmigrantes. Si a los siete fiscales que hay en Anticorrupción les dedicas a esos asuntos, es obvio que no podrán hacerse cargo de investigar los complejos delitos financieros que tenían encomendados. Es como si a los fiscales encargados de perseguir los malos tratos a mujeres les pones además a comprobar el pago del seguro obligatorio de los conductores...".

El portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales, Fernando Sobrón, dijo a Efe que el aumento de competencias de Anticorrupción le parece "positivo", aunque matizó que también sería necesario aumentar los medios personales y materiales de las fiscalías donde se producen esos delitos, especialmente en zonas de la costa mediterránea y Madrid, lugares donde se concentran esas mafias.

"Cortina de humo"

El portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, consideró el reforzamiento de la Fiscalía Anticorrupción anunciado por Michavila como una "cortina de humo" para "tapar" las "órdenes" del Gobierno de que no se investigue la trama de Madrid.

Según el portavoz socialista, lo que tendría que hacer Michavila "si tiene sentido de la Justicia" es pedir a la Fiscalía General del Estado que facilite la investigación de la trama "político-inmobiliaria" de Madrid por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Caldera indicó que Michavila "no propone nada nuevo" y agregó que más bien se tratará de "darle alguna competencia" a la Fiscalía Anticorrupción porque hasta ahora el Gobierno ha tratado de "vaciarla" de competencias. De ahí que el anuncio del ministro pretenda "tapar los recortes y las órdenes" del Ejecutivo para evitar que se investigue la trama de Madrid.

El portavoz de Izquierda Unida (IU), Felipe Alcaraz, sostuvo ayer que el único objetivo que persigue el Gobierno con la ampliación de las competencias de la Fiscalía Anticorrupción es "anular" la efectividad de la misma.

"En este momento, la lucha anticorrupción pasa por el delito monetario, el delito económico y el delito urbanístico", y con esta nueva medida, "están separando la fiscalía de esas investigaciones específicas" y le "están quitando efectividad, como se está viendo ya en los casos de Madrid y Marbella".