EU solicita más trabajadores sociales para cumplir la orden de protección

La Ley contra la Violencia Doméstica, que entró en vigor el 2 de agosto, prevé que las víctimas puedan solicitar la orden de protección no sólo ante la policía, sino también ante los servicios sociales de las administraciones públicas. En opinión del grupo municipal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Valencia, para hacer frente a esta nueva competencia debería "ponerse a un nuevo trabajador social, como mínimo," en cada uno de los once centros de servicios sociales de la ciudad, para garantizar que, como marca la ley, "la orden de protección tenga efectos en 72 horas". "Si no se dedican más recursos", afirmó ayer la concejal Victoria González, "ocurrirá lo de siempre: legislamos cuestiones que luego no se pueden aplicar".

El alcalde accidental, Jorge Bellver, negó que sea necesario contratar a nuevo personal en los servicios sociales para el desarrollo de la nueva ley, al tiempo que criticó las declaraciones de EU por entender que la cuestión de la violencia doméstica "no debe ser utilizado nunca como arma política".

En la misma rueda de prensa, la concejal de EU denunció una reducción "del 90%" en la Prestación Económica Reglada (PER) que reciben del consistorio las familias con graves problemas económicos. "En enero, 700 familias recibían el PER, pero este número ha ido disminuyendo hasta hoy, en que sólo la reciben 44".

Otro tanto ocurre, en su opinión, con las Ayudas de Emergencia. Éstas tienen como finalidad socorrer a personas con problemas urgentes, como pueda ser "impedir que corten el agua o la luz en una vivienda, pagar el alquiler, o simplemente comer". González asegura que el presupuesto, "de 1.000 euros semanales para cada centro social, que no ha aumentado desde hace dos años", sólo alcanza, en la práctica, para que cada centro auxilie a "dos personas por semana".