Doctores atacados por sus pacientes

La medicina nunca ha sido considerada un profesión de riesgo. Sin embargo, el Colegio de Médicos de Madrid ha recibido más de 60 denuncias por agresiones a sus afiliados en dos meses, según una portavoz. "Los casos reales seguramente son muchos más, porque muchos médicos no denuncian las agresiones y amenazas que sufren en su lugar de trabajo", indica la representante del Colegio. La sección madrileña de la Confederación Española de Sindicatos Médicos confirma la inseguridad con que trabajan. Según sus cálculos, el 50% de ellos ha recibido amenazas, y un 2% de los 15.000 profesionales de la Comunidad han sufrido agresiones.

Las situaciones de violencia verbal (amenazas) o física (agresiones) por parte de los pacientes son diarias y más habituales de lo que se cree, afirma la médica y concejal socialista Carmen Sánchez Carazo. Tienen especial incidencia en las consultas de atención primaria (ambulatorios) y en los servicios de urgencia de los hospitales, aunque también hay casos entre los pacientes ingresados y en las visitas a domicilio.

De acuerdo con Isabel López, presidenta de la sección madrileña de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), las causas y la gravedad de las agresiones son múltiples. "Pueden ir desde un empujón o un pellizco a una bofetada, un puñetazo o una agresión con arma blanca", indica.

López cree que al margen de la existencia de grupos de pacientes más proclives a estas actuaciones, como los que padecen algún tipo de trastorno psiquiátrico o toxicómanos con síndrome de abstinencia, hay unos factores comunes que favorecen estas conductas.

"Normalmente, una persona que va al médico no está bien, y muchos exigen una respuesta inmediata. Además, la figura del médico está socialmente bastante deteriorada, y la gente muchas veces demanda atención a necesidades que el sistema no presta o presta tarde, y en ese caso es el médico el que tiene que dar la cara", afirma López.

Las últimas agresiones en el Centro de Salud de Potes en Villaverde Alto son "dos claros" ejemplos de la situación de inseguridad con que se trabaja en muchos ambulatorios, afirma Sánchez Carazo. Los dos sucesos ocurrieron la última semana de julio. Uno de ellos fueron unas amenazas a una médica para que firmara un certificado falso. En el otro, una madre dio una bofetada a una pediatra después de que ésta se negara a enviar a su hijo a urgencias. "En la pared del centro incluso se ve el impacto de dos balas", añade la concejal.

Estas dos situaciones "son típicas", afirma Sánchez Carazo. Lo de los certificados falsos "es habitual, ya sea para prolongar una baja, una discapacidad o al revés, para ocultarla", indica un médico de atención primaria que prefiere guardar el anonimato. Para evitar esta situación, algunos sindicatos han llegado a pedir que el control de las bajas laborales (la incapacidad laboral transitoria, ILT) no lo lleven los facultativos. En urgencias, los casos de tensión se disparan, añade la concejal. "Ahí coinciden la situación de gravedad de los pacientes, la angustia de los familiares y la presión sobre los profesionales", indica.

La violencia no la sufren sólo los médicos. El personal de enfermería y los auxiliares comparten estos momentos. "Las auxiliares muchas veces incorporamos como una realidad normal de nuestro trabajo estas situaciones, y por eso no se denuncia. Las trabajadoras tendemos a justificar al paciente, que está viviendo una situación difícil. Pero luego esas situaciones se somatizan y se manifiestan como bajas laborales por problemas estomacales o musculares", indica Ana Escobar, del Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE).

Como primera medida para combatir esta situación, Sánchez Carazo pide "una respuesta inmediata de la gerencia de los centros y de los políticos responsables". "Los trabajadores tienen que notar su apoyo, desde una visita para interesarse por el caso a ayudas para tramitar cambios de turno, bajas o recibir apoyo psicológico si se requiere después de una agresión", indica. También pide que se aumente la seguridad de los centros (muchos no tienen servicio de seguridad o es insuficiente) y "que se informe a los pacientes de sus derechos (intimidad, trato correcto y adecuado), pero también en sus obligaciones, como el respeto al los profesionales o las instalaciones".