Una cura de adelgazamiento público

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado a Uruguay que privatice empresas estatales y que acelere la reestructuración de los bancos públicos como medidas necesarias para poder relanzar el crecimiento económico. Este organismo mundial opina que este país suramericano debe recortar el sector público y ceder parte al sector privado.

Uruguay entró en recesión en 1999 por la crisis de Brasil, que sufrió la fuerte depreciación del real, y el comienzo de la depresión de Argentina

Uruguay, con sus tres millones de habitantes y un tercio de la superficie de España, ha sido uno de los pocos países latinoamericanos que resistió la ola de privatizaciones que con tanta popularidad arribó a la región en la década pasada. En un país que recuerda el Estado de Bienestar que construyó a principios del siglo XX, la mayoría de la población ha seguido defendiendo la propiedad estatal de las empresas públicas, pese a que los años dorados pasaron. De todos modos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha insistido con su discurso a favor de las privatizaciones y el lunes pasado recomendó a Uruguay disminuir el tamaño del Estado mediante la venta de sus empresas, para afianzar la lenta recuperación de una crisis profunda.

Pese a la crisis del consenso de Washington, sobre las reformas económicas liberales para Latinoamérica, el FMI insiste con ellas. Dos tercios de los ciudadanos de la región considera que las privatizaciones no les han generado beneficios, según una encuesta realizada por Latinobarómetro en 17 países, y hasta el Banco Mundial (BM) ha comenzado a dudar de sus efectos positivos. "Nunca ha existido una política en sí que diga que uno debe privatizar todo lo que se mueve, pero alguna gente lo interpretó así", admitía el vicepresidente del Banco Mundial para el desarrollo del sector privado, Michael Klein, en The Wall Street Journal.

La misma medicina

El FMI, no obstante, sugirió a Uruguay la misma medicina que sucesivos Gobiernos intentaron beber, pero que su gente ha venido rechazando. "Más esfuerzos para fortalecer la competencia, la gobernabilidad y los marcos regulatorios, y aumentar el espacio para la actividad del sector privado en la economía serán claves para mejorar la colocación de recursos, elevar las inversiones y atraer mayores niveles de inversión extranjera directa (IED)", señaló la evaluación anual del FMI sobre Uruguay, conocida como artículo IV. Este texto había sido finalizado, aunque no difundido, el 11 de julio pasado, el mismo día en que el FMI entregó a Uruguay 204 millones de dólares al finalizar la tercer revisión de su programas stand-by (sujeto a condiciones).

Los directores del FMI -la mayoría de ellos, de países industrializados- indicaron la "necesidad de reducir el tamaño del sector público, mejorando su eficiencia y abriendo a la actividad privada a aquellos sectores reservados actualmente para el Estado". Como si no quedara claro, en el artículo IV se considera que "la movilización de apoyo para la privatización de empresas pertenecientes al Estado debe ser una prioridad" para crear consenso entre la población sobre la conveniencia de las reformas.

Uruguay creció a un buen ritmo del 3,9% anual en los años noventa. Se benefició de la creación de Mercosur y de la expansión de Argentina y Brasil, que constituyen el destino de la mitad de sus exportaciones. A diferencia de la mayoría de sus vecinos, mejoró sin necesidad de vender empresas estatales. El Gobierno de Luis Lacalle lo intentó, pero un referéndum -método de democracia directa muy utilizado en este país- derogó la ley de privatizaciones. Uno de los pocos proyectos que salió adelante ha sido el traspaso del sistema de pensiones del sector público al privado.

La economía uruguaya entró en recesión en 1999 por la crisis de Brasil -que sufrió la fuerte devaluación del real- y el comienzo de la depresión de Argentina. Al año siguiente, el nuevo presidente de Uruguay, Jorge Batlle, llegó al poder con renovados bríos privatizadores. Las ventas proyectadas incluían la compañía de refino y comercialización de combustible ANCAP, la telefónica ANTEL, la eléctrica UTE y la operadora de agua potable OSE. Su transferencia al sector privado sigue pendiente.

Batlle pudo privatizar parcialmente la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, planea ceder en concesión el aeropuerto de esta capital, pero debió derogar la desregulación telefónica para impedir un plebiscito que el sindicato del sector impulsaba para rechazarla. Los trabajadores petroleros han juntado las firmas necesarias para que los uruguayos voten este año sobre la decisión del Gobierno de terminar con el monopolio del refino que mantenía ANCAP.

El sindicato de la empresa de aguas pretende celebrar otro plebiscito el año próximo para derogar las actuales concesiones de filiales regionales a privados y prohibirlas definitivamente.

El Gobierno del presidente Batlle, mientras tanto, ha decidido rescindir en forma "ordenada" el contrato que mantenía con Uragua (una empresa participada por Aguas de Bilbao, Iberdrola y BBK), que gestionaba el servicio de aguas en el departamento de Maldonado, que incluye el lujoso balneario de Punta del Este. Uraguay había argumentado que sin aumento de tarifas le resultaba imposible cumplir con las inversiones comprometidas, dado el efecto de la devaluación y la crisis financiera del año pasado.

Contagiado por el derrumbe de la economía Argentina y la inestabilidad de Brasil, Uruguay profundizó su crisis en 2002 con una fuerte depreciación del peso y la congelación de depósitos de ciertos bancos en problemas. La economía se contrajo el año pasado el 10,8%, con lo que se perdió todo el crecimiento logrado en los años noventa, según el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este organismo intentó rescatar al Gobierno de Batlle, de buenas relaciones con el presidente norteamericano George W. Bush, con tres créditos: uno concedido en marzo de 2002 por 594 millones de dólares; el siguiente, tres meses después, por 1.160 millones; y el restante, en agosto de aquel año, por 521 millones. Uruguay se comprometió a elevar su equilibrio fiscal primario (antes del pago de la deuda) a un superávit del 3% este año y del 4% en el mediano plazo. Para ello, el FMI ha recomendado que las autoridades ajusten "las políticas fiscales a medida que sea preciso".

Un club selecto

Este país constituía, con Chile y México, el selecto club de países latinoamericanos que podían acceder sin inconvenientes y a bajos tipos de interés al crédito en los mercados internacionales. La crisis del año pasado terminó con ese privilegio. Uruguay también dejó de ser un refugio seguro para las reiteradas fugas de capitales de Argentina y el FMI le ha pedido que corrija las deficiencias que aún subsisten en el sistema bancario. El Estado corría el riesgo de suspender pagos, como Ecuador en 1999 y su vecino rioplatense en 2001, pero el Gobierno del presidente Batlle lo evitó mediante un canje de bonos de deuda externa (5.400 millones de dólares) que aplazó los vencimientos. El 93% de los tenedores de títulos aceptó la operación.

La economía uruguaya -dependiente de la agricultura, la ganadería, el turismo y el sistema financiero- necesita reformas, según el FMI, pero está recuperándose. La reactivación de Argentina supuso un impulso. El producto interior bruto (PIB) caerá este año el 1% por el efecto de la crisis de 2002, pero la inflación se ha estabilizado, la recaudación impositiva sube, el paro baja del 18,3% al 17,5% y las exportaciones, beneficiadas por la devaluación y la mejora de las cotizaciones de las materias primas, crecen a un ritmo del 50%.