Detenido el portavoz de los ocupantes de los cuarteles de Sant Andreu por no tener los papeles en regla

El portavoz de la asamblea de los ocupantes de los cuarteles de Sant Andreu, el chileno Yerko Toro, fue detenido el pasado jueves, después de la manifestación que el colectivo organizó en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, por no tener los papeles en regla,

según informó ayer su abogado de oficio, Santiago Fernández. La detención se produjo una vez finalizada la manifestación, durante la cual un centenar de las 500 personas -la mayoría inmigrantes- que malviven en los cuarteles reclamaron una solución digna al conflicto y que se regularice la situación de los sin papeles.

Tras declarar ayer por la mañana ante el juez, Toro ingresó en el centro de internamiento de la Verneda, en el distrito de Sant Martí. El magistrado tomó esta medida por considerar que existía riesgo de fuga porque, entre otras cosas, el detenido no tiene domicilio fijo. Sin embargo, el letrado cree que Toro quedará en libertad el próximo miércoles porque podrá presentar la solicitud de renovación del permiso de residencia que su cliente no llevaba encima en el momento de la detención. Fernández presentará un recurso contra la orden de internamiento cuando ésta le sea notificada mañana. El abogado también tiene previsto presentar hoy las alegaciones contra la propuesta de expulsión de Toro.

Fernández considera que la detención se produjo "en circunstancias extrañas" y que seguramente la policía siguió a Toro antes de detenerle "porque lo conocen como portavoz del colectivo". Aparentemente, ninguno de los habitantes de los cuarteles que participaron en la manifestación se dio cuenta de la detención. Éstos no se enteraron de la noticia hasta ayer y fue el mismo abogado quien se la dio.

La consejera de Justicia e Interior, Núria de Gispert, acusó ayer al Gobierno central, propietario del recinto militar, y al Ayuntamiento de Barcelona por haber actuado "tarde y mal" en el caso de los cuarteles. De Gispert, en declaraciones a Catalunya Ràdio, afirmó que la situación "se ha dejado pudrir" y que el Ayuntamiento "es responsable de que un equipamiento de este tipo esté abandonado en su término municipal". La consejera se preguntó por qué estas personas "llevan tanto tiempo allí sin que se hayan llevado a cabo las actuaciones necesarias". De Gispert también lamentó que las soluciones se estén dando ahora, cuando "se deberían haber dado hace meses", y añadió que espera que el conflicto se resuelva en septiembre, cuando se reanude el juicio por el desalojo.

El Ayuntamiento no quiso responder a las críticas de De Gispert y se limitó a recordar que las tres administraciones han trabajado de manera conjunta para resolver el conflicto.