La CMT advierte del abuso de los ayuntamientos en las restricciones para el despliegue de antenas de móvil

La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) considera que los ayuntamientos se están excediendo a la hora de poner trabas al despliegue de antenas de telefonía móvil mediante ordenanzas municipales que exceden el terreno de sus competencias, según una resolución aprobada el pasado 29 de julio.

El máximo organismo regulador en materia de telecomunicaciones considera que los ayuntamientos no pueden ampararse en presumibles actividades nocivas para la salud -en ningún caso demostradas en materia de telefonía móvil- para frenar el despliegue de antenas. "Las competencias en materia de actividades molestas, nocivas y peligrosas no pueden implicar el vaciamiento de la regulación estatal en materia de protección frente a emisiones radioeléctricas", y "en este campo rigen los límites establecidos en el Real Decreto 1.066/2001, cuyo control corresponde al Ministerio de Ciencia y Tecnología".

La CMT, en una resolución a petición de Amena en la que se queja de la obstaculización de la que está siendo objeto por el Ayuntamiento de Córdoba, explica que no puede haber dos criterios distintos sobre los niveles de protección de la salud, la de los ayuntamientos y la de la Administración central, y añade que la normativa estatal en este sentido es de "aplicación plena". La resolución sí reconoce a los ayuntamientos competencia para decidir la ubicación de las antenas sobre la base de motivos de ordenación urbana y de protección medioambiental, aunque les sugiere que deben aplicar esas restricciones con carácter moderado, "y la exclusión respecto del casco urbano de las estaciones base que proponen algunos ayuntamientos carece de ese carácter moderado".

El organismo regulador también señala que los ayuntamientos carecen de competencias para dirimir los conflictos entre operadores acerca de las condiciones de compartición de infraestructuras y no pueden tampoco dictar normas que incidan sobre la materia.

La CMT no es la única que se ha pronunciado sobre el conflicto por las trabas que ponen los ayuntamientos a las compañías para el despliegue de antenas, que ha llegado a los tribunales. Los tribunales superiores de justicia de Andalucía, Valencia, Murcia y Cataluña ya se han manifestado sobre este conflicto y, aunque con diversos matices, sus sentencias coinciden en rechazar aspectos fundamentales de las ordenanzas municipales basándose en que están invadiendo competencias del Estado, y que los supuestos daños para la salud que pretenden atajar no están demostrados, según los operadores.