El director de dos clínicas rechaza que Sanidad limite la práctica del aborto al sector privado

Josep Lluís Carbonell, el director de dos clínicas privadas que practican abortos, ubicadas en Castellón y Valencia, manifestó ayer que el concurso para la prestación de servicios de interrupciones voluntarias del embarazo, que ayer publicó el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), es positivo por cuanto intenta regularizar la situación, si bien dijo que necesita más tiempo para estudiar su contenido. No obstante, Carbonell afirmó que está "absolutamente en contra de reducir al gueto de la privada las prácticas abortivas". Incluso, el director de las clínicas Mediterránea señaló su disposición y las de cerca de 400 ginecólogos de los centros que dirige, además de otras clínicas, de trabajar con la Sanidad pública con el fin de "normalizar" la práctica. "España es el único país del mundo en que los abortos se concentran tanto en la privada", apuntó, al tiempo que defendía una fórmula mixta equilibrada. El 99% de los más de 7.000 abortos practicados el pasado año se realizaron en clínicas privadas.

En este sentido, Carbonell consideró que el anuncio de la Consejería de Sanidad relativo a que los profesionales de cuatro hospitales públicos de la Comunidad Valenciana deberán hacer los informes psiquiátricos para permitir a las mujeres abortar de acuerdo a uno de los supuestos de la ley son "insuficientes". Carbonell añadió que la introducción efectiva de la píldora abortiva en el sistema público, como se ha hecho en el Reino Unido, podría agilizar la situación y dar salida al 25% de los abortos que se practican.

El sindicato médico CESM-CV consideró ayer en un comunicado que limitar a esos cuatro centros

(hospital Provincial en Castellón, La Fe en Valencia y Vila Joiosa y San Juan en Alicante)

la elaboración de exámenes "atenta contra la libertad" de las pacientes e "introduce elementos disuasorios no contemplados legalmente", además de "poner en duda" la profesionalidad de los facultativos que los emitían hasta ahora. El sindicato sostiene que la lista de espera existente para el tratamiento de otras patologías mentales crecería "de modo inaceptable". Además, rechaza que la cláusula de conciencia de los médicos, que dice respetar al igual que la ley, sea el problema de las prácticas abortivas, y denuncia que el colectivo está siendo utilizado políticamente y "criminalizado".