El Prado moderno
El Museo del Prado dejará de ser un "organismo autónomo" para convertirse en "una entidad de derecho público", de análogo rango legal al Banco de España, el Instituto Cervantes o la Agencia Tributaria, según el proyecto de ley de modificación de su estatuto jurídico aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Con el cambio de régimen jurídico se pretende dotar al museo de un modelo de gestión más flexible que el actual, no sólo en lo referente a su propia financiación, sino en cuanto a la contratación de servicios e incorporación de patrocinios.
Al menos desde los años sesenta, que fue cuando los museos se convirtieron en un lugar masivamente visitados por un público cada vez más exigente, el Prado necesitaba con urgencia no sólo una ampliación, recientemente realizada, que ha cuadriplicado su espacio, sino un nuevo modelo de gestión de sus recursos económicos, personales y técnicos, así como la completa reorganización de su estructura y funcionamiento internos, por completo desfasados. Si el nuevo estatuto jurídico consigue dotar al Prado de ese modelo claro y coherente de gestión que necesita, se habrá puesto fin a una situación que ha hecho de la pinacoteca nacional objeto de periódicas y confusas polémicas.
La ampliación del Museo del Prado y el incremento cuantitativo y cualitativo de sus actividades exigían un estatuto jurídico que facilitara el reforzamiento de sus principales fuentes de financiación: entradas, comercialización de productos y patrocinios. Y ese cambio no tiene por qué suponer un paso hacia la "mercantilización" de sus actividades, como teme el PSOE. Durante los últimos 25 años hemos visto cómo todos los grandes museos internacionales de la categoría del Prado han acometido no sólo su transformación física y técnica, sino su adaptación legal en consonancia con sus nuevas tareas. El debate parlamentario sobre el nuevo estatuto será ocasión para que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en torno a este importante paso hacia la modernización de una pinacoteca excepcional.
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