¿Quién teme a las cajas?

El autor analiza el papel de las cajas de ahorros en la economía española, su utilización como arma política, y defiende su importancia en el capital social comunitario.

Aunque se quisiera, la economía española no podría prescindir de las cajas de ahorros

Las aguas tradicionalmente mansas del mundo de las cajas de ahorros se han agitado en los últimos meses. Rompiendo el statu quo tradicional que reservaba el control de esta parte del sistema financiero al Banco de España, el Gobierno ha comenzado a regular toda una serie de aspectos de la vida interna de las cajas: la edad de los consejeros, las normas de transparencia sobre los sueldos de los directivos, las retribuciones por asistencia a los consejos de las empresas participadas, los créditos a los partidos políticos, la creación de una comisión para inversiones y desinversiones, o las normas para la emisión de cuotas participativas.

Esta batería de regulaciones ha producido alarma en el mundo de las cajas y en su entorno. Sus directivos se sienten injustamente señalados y discriminados frente a la banca. Algunos han visto en estas regulaciones un acoso político y un intento para forzar o favorecer la privatización. Otros, creen que se trata de controlar un poder financiero y económico territorial que constituye una potencial amenaza para el poder del Gobierno central.

Curiosamente, este aparente acoso les llega a las cajas en un momento en que gozan de una excelente salud financiera e imagen de mercado. Su modelo de expansión ha sido un éxito. Su red de oficinas ha crecido por todo el territorio nacional, a la par que disminuían las de la banca. El efecto de esa capilaridad ha sido una mayor capacidad para absorber una cuota cada vez mayor del ahorro y del crédito a las familias y a las empresas, en perjuicio de los bancos.

¿Cómo explicar entonces esta aparente contradicción entre el éxito del modelo de las cajas y el recelo con que el Gobierno parece verlas?, ¿quién teme a las cajas?, ¿a qué responde este temor?, y, en todo caso, ¿por qué surge ahora?

El recelo a la expansión de las cajas viene de lejos, pero ha emergido con ocasión de la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola. Detrás de ella se ha visto a La Caixa. Esta acción ha sido como la gota que ha colmado el vaso de los temores con que la banca y el propio Gobierno observaban la expansión de las cajas hacia la inversión empresarial. En un primer momento entraron como simples socios financieros para lograr negocio, pero poco a poco han pasado a formar parte del núcleo duro de empresas importantes y a participar en sus consejos. Este nuevo poder empresarial cobra significado en el caso de las antiguas empresas públicas, en las que a medida que se han privatizado, el espacio dejado por el Estado ha sido ocupado por las cajas.

En un primer momento este nuevo poder empresarial pasó desapercibido a la banca, enfrascada como estaba en Latinoamérica; y no fue del todo mal visto por parte del Gobierno del PP, o al menos por algunas de las personas puestas al frente de las empresas privatizadas, que expresaron su deseo que las cajas entraran en el núcleo duro de las empresas privatizadas. Pero la cosa ha cambiado a raíz de la OPA sobre Iberdrola.

El Gobierno ha reaccionado de forma un tanto visceral. Leyendo sus labios, más que sus palabras, parece querer advertir que no está dispuesto a consentir que el esfuerzo que ha hecho para sacar al Estado de las empresas públicas sea aprovechado ahora por las cajas, en beneficio de los gobiernos autónomos, especialmente los de signo nacionalista. Por su parte, la banca ha reaccionado acusando a las cajas de competencia desleal, de no estar sometida a la disciplina de los accionistas y del mercado, de ser ineficientes y de pagar menos por los depósitos y cobrar más por los créditos. Y ha intentado convencer al Gobierno de sus denuncias, sugiriéndole la privatización.

Estos argumentos y propuestas no son nuevos. Ya fueron utilizados a mediados de los noventa, cuando se entreveía la llegada del PP al Gobierno. En un documento no publicado (Las Cajas de Ahorro: entre el mito y la realidad) elaborado por el Servicio de Estudios del BBV y fechado en junio de 1995, se exponían los temores de la banca ante la nueva orientación que seguían las cajas con la compra de bancos, y que culminó con la adquisición del Banco Herrero por parte de La Caixa. El documento expresaba con nitidez los motivos del temor de la banca: "El problema para los bancos es que las cajas, al carecer de títulos de valores, no pueden ser adquiridas por ellos. Esa falta de reciprocidad resulta aún más amenazante si se tiene presente que las cajas confederadas atesoran en este momento más de 700.000 millones de fondos propios excedentes; y una liquidez en el mercado interbancario, que, a finales de 1994, rondaba los 3,2 billones de pesetas".

¿Qué han hecho las cajas con estos excedentes? En vez de seguir prestándoselos a los bancos para que los invirtiesen en las empresas lo han hecho directamente, quedándose con el margen y la plusvalía. El momento era propicio porque la banca estaba dedicada a América Latina. Pero al hacerlo, se han metido en el coto reservado de la banca, y ésta ha visto esa llegada con el mismo recelo y rechazo que los aristócratas ven llegar a los advenedizos. Es la razón de fondo del temor de la banca a las cajas, y no el simple hecho de que éstas hayan ido ganando cuota de mercado.

Como ocurrió en 1995, banqueros como Francisco González han llamado en su auxilio al Gobierno para que cambie la configuración jurídica de las cajas. En aquel momento esta llamada influyó en los primeros borradores del programa económico del PP, pero no consiguió transformarse en lluvia fina capaz de calar y penetrar en el programa electoral. El Gobierno no debería dejarse arrastrar por el temor infundado a que el muevo poder financiero y empresarial de las cajas constituya una amenaza a su poder. Ni tampoco debería exagerar el riesgo de que las cajas sean utilizadas por los gobiernos autónomos en manos del PSOE o de los nacionalistas como bancos para la financiación de sus políticas. Hasta ahora las cajas han eludido ese riesgo.

La expansión y el nuevo papel empresarial de las cajas constituyen una nueva realidad que no tiene vuelta atrás. Aunque se quisiera, la economía no podría prescindir de ellas. Constituyen una fuente esencial para la financiación de la economía y para estimular la competencia efectiva dentro del sistema financiero, que si no sería dominado por dos o tres bancos.

Pero al margen de estos argumentos, una de las mayores virtudes que le veo a las cajas es que fortalecen la cohesión territorial y fomentan un modelo de crecimiento multipolar. Y el éxito de las cajas es visto por muchos ciudadanos como un motivo de autoestima y muestra de la capacidad de sus comunidades autónomas para afrontar los retos que la globalización plantea a una economía abierta y descentralizada. En este sentido, las cajas constituyen uno de los componentes esenciales del capital social comunitario que los estudiosos del crecimiento consideran de tanta importancia como el capital en máquinas o infraestructuras.

Ahora bien, es lógico que este nuevo poder empresarial de las cajas traiga consigo cambios en su regulación y gestión interna. Sus dirigentes no deberían ver como una interferencia ilegítima que se produzca una nueva regulación (independientemente del grado de acierto en sus distintos extremos). En primer lugar, su naturaleza mutualista, entre lo público y lo privado, hace que las exigencias de transparencia y control sobre su funcionamiento y las retribuciones de sus directivos hayan de ser mayores que en la banca privada. En segundo lugar, su nueva condición de socios estables de muchas empresas someterá a las cajas a los vaivenes del ciclo industrial; si hasta ahora han estado al margen de las crisis que sí pasó la banca ha sido en gran parte porque no estaban vinculadas a la industria. Esta nueva realidad empresarial aumentará los requisitos de solvencia financiera y de mayores fondos propios.

En definitiva, los temores ante la expansión de las cajas vienen de su reciente incursión en el mundo empresarial antes reservado a la banca. Esta nueva realidad y el hecho de que las cajas sean un objeto de deseo para políticos, empresarios, directivos y empleados hace que una de las tareas más importantes de los próximos años sea la de elaborar una nueva doctrina sobre las cajas.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la UB