Las comunidades socialistas, Cataluña, País Vasco y Galicia, contra la Forcem

La reforma de la formación ocupacional que sustituirá a la formación continua (Forcem) nace sin consenso político por la oposición de ocho comunidades autónomas. Se trata de las cinco gobernadas por el PSOE (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón), CiU (Cataluña) y PNV (País Vasco), así como Galicia (la única del PP que lo rechaza). A excepción de las dos últimas, estudian la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional.

El modelo de formación continua que este viernes aprobará el Consejo de Ministros, a juicio de esas comunidades autónomas, incumple las sentencias del Tribunal Constitucional. Esos fallos emitidos en 2002 daban la razón a los gobiernos de Cataluña y Galicia y reconocían su derecho a participar en la gestión directa de la formación. Los consejeros de empleo creen que su cumplimiento se debe traducir en la distribución territorial de los fondos de formación y que esos criterios no se incluyen en el modelo diseñado por el Ministerio de Trabajo, que dirige Eduardo Zaplana.

En la reforma del Gobierno central, las empresas asumirán la responsabilidad de las acciones formativas para sus trabajadores, y se deducirán los costes directamente en las cotizaciones a la Seguridad Social.

El papel que se reconoce a los gobiernos de las comunidades es su participación en una fundación cuatripartita -formada por la Administración central, las autonomías, los sindicatos y la patronal- cuya misión es autorizar y controlar la realización de los cursos.

Ese modelo supone "un incumplimiento gravísimo" de la sentencia del Constitucional, en opinión de los consejeros de Empleo de Andalucía y Extremadura, José Antonio Viera y Miguel Amigo. Así lo manifestaron en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, en la que el ministro Zaplana explicó la reforma de la Forcem, así como el anteproyecto de la Ley de Empleo, donde sí se han tenido en cuenta sus criterios. Los dos consejeros informaron de que, durante la reunión, "ocho de las nueve comunidades autónomas que han intervenido se han manifestado en contra". Se trata de los representantes de Cataluña, País Vasco, Aragón, Andalucía, Asturias, Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha. Sólo se produjo una intervención en defensa del proyecto proveniente de Valencia, comunidad presidida hasta hace un año por Eduardo Zaplana.

El secretario de Empleo de la Generalitat de Cataluña, Andreu Cruañas, explicó que esa oposición frontal a la reforma se debe a que "el modelo no responde en absoluto a la sentencia del Constitucional, que manda territorializar los fondos". Cada año se destinan a formación continua de trabajadores en torno a 600 millones de euros procedentes de las cotizaciones de empresas y trabajadores y un 30% financiado por el Fondo Social Europeo. Asimismo, Cruañas considera "muy grave que no se vaya a conseguir subsanar el déficit de formación profesional, íntimamente ligada a la falta de competitividad", ya que España es el segundo país de la UE que menos gasta en formación.

Prórroga para 2003

Cataluña ha anunciado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo modelo, que entrará en vigor en 2004, y ayer ya presentó otro recurso contra la prórroga del modelo anterior con efectos para los cursos formativos del año 2003. Los gobiernos de las comunidades socialistas también estudian recursos ante el TC.

Frente a esas críticas, Zaplana defendió la constitucionalidad del nuevo modelo de formación y recordó que cuenta con el visto bueno del Consejo de Estado. El ministro restó importancia a las discrepancias de algunas autonomías y subrayó el respaldo de la "mayoría" de las comunidades.

Su proyecto cuenta también con un respaldo relativo de la patronal CEOE-CEPYME, y de los sindicatos UGT y CC OO. De hecho, han vertido críticas algunas patronales como la del País Vasco y algunas federaciones sindicales como las organizaciones de Cataluña de ambas centrales.