Una mirada, ya más lejana, a la OPA de Gas Natural

La principal controversia empresarial en España en lo que llevamos de 2003 ha sido la desatada por la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola. Casi nadie niega ya que las decisiones sobre este asunto han sido de carácter mucho más político que técnico. En sustancia, el Gobierno decidió paralizar la operación, pero sin que llegase a parecer cosa suya. Como en España la decisión última sobre la autorización de concentraciones es precisamente del Gobierno, convenía evitar que la OPA sobreviviera a los informes de los organismos que intervienen en este tipo de procesos. Esto era difícil en el ámbito del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), pues las condiciones planteadas por Gas Natural para conseguir la autorización permitían mejorar la competencia tanto en la electricidad como en el gas. Por eso se optó por ejecutar el veto a través de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que recurrió a argumentos peregrinos y opuestos a los informes técnicos realizados dentro el propio organismo. El resultado, ya conocido, fue la negativa radical de la CNE, rompiendo su práctica habitual de someter la autorización a condiciones. De este modo, el Gobierno se ahorró el veto directo.

Mucho se ha escrito sobre los motivos políticos de la decisión gubernamental, casi siempre señalando que el Gobierno quería evitar que, a raíz de la OPA, el mayor grupo energético español tuviese su sede principal en Barcelona. En efecto, la política que ahora prevalece en España persigue la centralización en la capital del Estado de las decisiones políticas y económicas. Una gran parte del PP, encabezada por Aznar, ha vivido la descentralización de la España democrática como una centrifugación insoportable del poder político, y se han aplicado a revertir el proceso. La medicina curativa es una combinación de mucha descentralización administrativa y mucha recentralización política. Y los centros económicos de decisión forman parte del Poder en mayúsculas.

Pero es muy probable que éste no haya sido el único factor en el asunto. Ahora, con la perspectiva que da el paso del tiempo, es posible analizar otros motivos que expliquen el desenlace frustrado de la OPA. Me parece de especial relevancia una de las características de esta operación que ha quedado más soslayada en el contexto de la discusión territorial: esta OPA venía a romper el statu quo del sector eléctrico en España, y esto es algo que el Gobierno en modo alguno iba a tolerar.

La historia reciente de la privatización y la liberalización en España es la historia de una incoherencia. La principal contradicción ha sido privatizar al ritmo británico y, en cambio, hacer política industrial a la francesa. Los británicos salieron con rapidez de los monopolios públicos, y en el caso del sector eléctrico reformaron el mercado para introducir competencia. En Francia el Estado sale con lentitud de los monopolios públicos, y además, los protege para que, como "campeones nacionales", tengan posiciones de dominio en el país, lo que se financia con restricciones a la competencia y sobretarifas relativas a los consumidores. En España se han privatizado los monopolios a la británica pero se ha hecho política industrial a la francesa, cultivando los campeones nacionales. Una consecuencia concreta de esta política es la situación muy mejorable de la competencia en el sector eléctrico, cuya precariedad ya señalaron los informes de la CNE y del TDC con ocasión de la fallida fusión entre Endesa e Iberdrola. Desde entonces las cosas no han cambiado mucho, a pesar de declaraciones meramente retóricas como la entrada en vigor en 2003 de la elección de suministrador eléctrico para todos los consumidores, carente de efectos prácticos.

En este orden de cosas, las grandes empresas eléctricas españolas no compiten por los clientes, sino que mantienen un statu quo muy estable, dominado por la existencia de monopolios regionales. La lucha distributiva entre las eléctricas se centra en el reparto de las subvenciones y ayudas públicas que el Gobierno ha ido estableciendo, agrupadas bajo diferentes conceptos, como el de los costes de transición a la competencia. Precisamente este statu quo de reparto de mercados y lucha por las subvenciones es el que ponía en peligro la OPA. La irrupción de Gas Natural en el sector eléctrico, en el que sólo tenía una presencia incipiente, permitía el aumento de la competencia efectiva en el mismo. A su vez, las desinversiones propuestas por Gas Natural en el gas abrían camino al aumento efectivo de la competencia en este sector, de cuya impenetrabilidad se venían quejando con razón las eléctricas. El resultado podría haber sido más competencia en ambos sectores energéticos, y además mayor presencia española en el mercado europeo de la energía.

Más allá de la retórica oficial, propensa a predicar la liberalización de mercados, el Gobierno mantiene una intervención arbitraria y férrea sobre algunos sectores que considera estratégicos. La energía es uno de ellos. Y no están las cosas como para permitir que una OPA hostil (como de hecho son todas las OPA que pretenden dinamizar los mercados) viniese a amenazar un statu quo tan arduamente trenzado. Esto ayuda a entender, al menos tanto como el análisis de la distribución territorial del Poder, por qué el Gobierno se opuso radicalmente a la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola.

Germà Bel es profesor de Política Económica de la UB y diputado del PSC.