Corrupción y fiscales

DOS DÍAS ANTES de que los diputados tránsfugas Tamayo y Sáez comparecieran ante la comisión de encuesta del Parlamento madrileño sobre una presunta trama político-inmobiliaria, el Consejo Fiscal se pronunciaba -por cinco votos contra cuatro- a favor del cese de Carlos Jiménez Villarejo como jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a quien el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, había impedido investigar el caso. El dictamen del órgano colegiado -preceptivo, pero no vinculante- era innecesario para que Cardenal tomara esa decisión. La ley de 26 de mayo de 2003, que reformó el Estatuto Fiscal de 1981, fijó un periodo de cinco años -renovable por sucesivos mandatos de idéntica duración- para el desempeño de las principales jefaturas del ministerio público; Jiménez Villarejo, nombrado en 1995, había rebasado con amplitud ese plazo.

Mientras Cardenal sugiere la supresión de la Fiscalía Anticorrupción, el Consejo de Europa critica al Gobierno de Aznar por haber incumplido las recomendaciones del informe GRECO para reforzarla

Con su habitual desenvoltura para dar gato por liebre, el ministro de Justicia respondió a las críticas contra el cese de Jiménez Villarejo con el argumento de que "los puestos vitalicios sólo se dan en las dictaduras", como si el jefe de la Fiscalía Anticorrupción hubiese aspirado a esa bicoca; Michavila aprovechó el viaje para dar un pícaro pellizquito de monja a algunos de los fiscales destituidos: el cese les "permitirá dedicarse a lo que de verdad les gusta, que es la política". Sin embargo, el Consejo Fiscal que aprobó el cese de Jiménez Villarejo sólo por llevar -según el ministro de Justicia- más de cinco años en su cargo recomendó en la misma sesión la renovación del mandato de otros nueve fiscales que también habían superado ese plazo.

El fiscal general no sólo ha destituido al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, sino que se ha pronunciado a favor de liquidar la institución; a este respecto, los inconvincentes desmentidos con la boca chica del Gobierno hacen suponer que comparte secretamente ese mismo proyecto. ¿Será que la llegada al poder del PP en 1996 produjo el milagro de erradicar la la venalidad política? El escándalo de Madrid, sin embargo, es una prueba en contrario; las trabas de Cardenal a la investigación de la supuesta trama político-inmobiliaria por la Fiscalía Anticorrupción invitan a seguir otras pistas. En cualquier caso, la reciente valoración realizada por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) sobre el cumplimiento por el Gobierno de Aznar de las 10 recomendaciones dirigidas el 19 de junio de 2001 a España por ese organismo del Consejo de Europa lleva a la conclusión de que no ha sido el cesado Jiménez Villarejo, sino el fiscal general y el Ejecutivo del PP que le nombró y le mantiene en el cargo, quienes no han hecho los deberes en la lucha contra la venalidad política.

Según el Consejo de Europa, el Gobierno español ha atendido de forma satisfactoria únicamente a dos de las diez recomendaciones, relativas a la independencia presupuestaria de la Fiscalía General y a la aplicación de determinados preceptos del Código Penal sobre crimen organizado a los delitos de corrupción; otras dos instrucciones del informe GRECO de 2001 -sobre la adopción de una estrategia global y multidisciplinar para prevenir, detectar y perseguir la corrupción, y sobre la promulgación de un Código Nacional de Conducta de los funcionarios públicos con el mismo objetivo- han sido cumplidas sólo parcialmente. En cambio, las seis recomendaciones restantes del Consejo de Europa han sido totalmente desatendidas por el Gobierno español. El fiscal general continúa dependiendo del Ejecutivo a través de relaciones nada transparentes, sus decisiones para investigar o no a una persona carecen de control y su forma de transmitir instrucciones al resto del ministerio público no garantiza la independencia de sus subordinados. El informe GRECO se muestra especialmente severo con el incumplimiento por el Gobierno de las recomendaciones sobre la Fiscalía Anticorrupción: no ha incrementado sus recursos, no ha creado fiscalías anticorrupción especializadas en las grandes ciudades, no ha dotado a la institución de las competencias de la Fiscalía Antidroga para investigar el mundo de los negocios. Así se entiende que Cardenal y el Gobierno se propongan suprimirla.