Caraduras

No somos una sociedad -y pienso en la valenciana- notablemente respetuosa con los bienes de titularidad pública. Cualquier paseante puede constatar sobre el tejido urbano las huellas de este déficit de civismo. Pintadas por doquier, y tanto más escandalosas cuanto más degradado está un barrio y mejor restauradas unas fachadas; jardineras desmanteladas; defecaciones caninas y últimamente, al menos en el cap i casal y entre una larga sarta de transgresiones, la quema de papeleras y contenedores de basura. Los sociólogos sabrán a qué se debe la persistencia de este fenómeno que no parece enmendarse con la universalización de la escuela y la vigencia de las ordenanzas.

Nos conforta, o confortaba, pensar que este gamberrismo era propio de sectores marginales mal educados y peor integrados que el tiempo y la acción policial meterían en vereda. Nos tememos, sin embargo, que tal expectativa carece de fundamento. Basta ver cómo proceden altos cargos de la Administración y personal de confianza contratado por la misma apropiándose de los ordenadores personales y teléfonos móviles que les fueron facilitados para el desempeño de sus tareas, pero que en modo alguno les pertenecen. El episodio ha sido denunciado por la Federación de Servicios Públicos de UGT y, por el momento, no se conoce la réplica o desmentido. Con la agravante de que puede tratarse de una práctica reiterada. O sea, una chorizada consentida.

En opinión de un presunto involucrado, esta apropiación se explica por el carácter reservado o confidencial que se conserva en el ordenador. ¿Les convence? A mí, no. Por lo pronto, esta información puede trasladarse a otros soportes y, además, de no ser privada y exclusiva, no es patrimonio del funcionario, sino de la Función Pública. A este respecto, siempre nos ha parecido detestable la destrucción de antecedentes y documentos cada vez que se produce un relevo en la dirección de un organismo o institución. Algo que acontece, incluso, cuando quien se va y quien accede son de la misma familia partidaria. Y del móvil no digamos. ¿Qué arcanos se guardan en su memoria para justificar su afanamiento?

Claro está que tal picaresca palidece si la comparamos con otras corrupciones públicas más enquistadas y de mayor alcance que tienen por objeto la privatización del patrimonio colectivo. Pero esa diferencia no debe abonar la indulgencia para con esos caraduras que se escudan en el disco duro. De generalizarse una norma semejante no podríamos impedir que el cesante de turno se llevase el archivador o la mesa de su despacho. Al fin y al cabo son herramientas del trabajo donde probablemente tiene depositados expedientes confidenciales.

Como la denuncia está formulada y los hechos son probados, sólo falta que las instancias competentes -Inspección e Intervención de la Generalitat- enmienden el desmán y pongan coto a unas tolerancias que se pagan con el dinero del contribuyente.