Los jueces paralizan el desarrollo urbanístico de Boadilla del Monte

El Tribunal Superior de Madrid ha ordenado al Ayuntamiento de Boadilla que no conceda ninguna nueva licencia de obras al amparo del actual plan general de urbanismo, aprobado el 27 de julio de 2001. La prohibición afecta a todo el urbanismo de Boadilla, incluida la macrociudad financiera que en la actualidad levanta el Banco Santander Central Hispano. Y es que existe una sentencia de este mismo tribunal, fechada el pasado 5 de febrero, que anula el acto administrativo (el acuerdo plenario) que dio luz verde al citado plan. Ahora se ha dictado la ejecución de esa sentencia.

La sentencia del Tribunal Superior anuló el 5 de febrero, por "defecto de forma", el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Boadilla que aprobó el citado plan general de urbanismo. Los jueces entendieron que el alcalde de Boadilla (20.000 habitantes), Arturo González Panero, del PP, había ocultado documentos esenciales a la oposición municipal. El PSOE acudió a los tribunales alegando que se habían vulnerado derechos fundamentales y obtuvo una sentencia favorable.

En esa sentencia, el tribunal se limitó a decir que el acuerdo plenario que daba luz verde al plan era nulo, pero sin especificar si las obras que en ese momento se desarrollaban en Boadilla al amparo del citado planeamiento urbanístico podían o no continuar. Así, mientras el Ayuntamiento de Boadilla recurría en casación ante el Tribunal Supremo, el grupo socialista pedía al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ejecutase provisionalmente la sentencia. Los socialistas alegaron que, de continuar las obras, podían producirse daños irreversibles mientras el Supremo dictaba o no su sentencia.

Ahora, la Sección Novena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado la petición del PSOE para que se ejecute provisionalmente su sentencia de febrero y, en consecuencia, ordena que no se vuelvan a conceder nuevas licencias en esta población, al menos hasta que la sentencia sea firme. Aunque el alto tribunal valida las licencias de obras ya dadas, expone en su auto que si el PSOE, como firmante del recurso, considera que alguna de las obras ya en marcha deben ser detenidas, puede solicitarlo judicialmente. En caso de obtener una respuesta positiva, el tribunal le exigiría un aval.

Escrito del fiscal

El Tribunal Superior ha accedido a la ejecución provisional de la sentencia que dictó el pasado febrero tras recibir un escrito de la Fiscalía de Madrid en el que ésta se muestra favorable a la ejecución provisional. En ese escrito, la fiscalía indica: "De no ejecutarse de forma provisional dicha sentencia, se podrían ocasionar perjuicios irreparables si el Ayuntamiento concede nuevas licencias al amparo del planeamiento urbanístico cuya aprobación ha sido declarada nula".

La prohibición de otorgar nuevas licencias de obras afecta a todo el urbanismo municipal de Boadilla de Monte, en el que se incluye la construcción, ya en marcha, de la macrociudad bancaria del Santander Central Hispano, un enorme complejo financiero que por su extensión, y una vez terminado, estará entre los mayores de Europa.

Fuentes de esta entidad financiera matizaron ayer que la resolución judicial afecta a todo el urbanismo municipal y que en sí misma nada tiene que ver con el campus, "cuyas obras siguen en marcha". Estas fuentes matizaron que la decisión judicial no afecta a las obras ya en marcha, sino a aquellas que aún no hayan obtenido la licencia municipal. "En esa situación están las instalaciones deportivas, entre ellas un campo de golf de 18 hoyos, proyectadas en el campus financiero", replicó el actual portavoz del PSOE en Boadilla, Enrique Hernández.

Modesto Nolla, secretario de Ordenación Territorial de la Federación Socialista Madrileña (FSM), mostró su satisfacción por la resolución del Tribunal Superior. Nolla afirmó: "Hasta ahora el PP ha llevado a cabo una política de hechos consumados basándose en la lentitud de la justicia y saltándose las leyes y los controles. Esta resolución es un precedente importante, puesto que paraliza, antes de que se agote la vía judicial y para evitar perjuicios, un plan general".

Un portavoz del Ayuntamiento de Boadilla, gobernado ahora con mayoría absoluta por el Partido Popular, anunció que se va a pedir oficialmente al tribunal que "aclare" el contenido de esta nueva resolución y que, además, se va a interponer contra ella un recurso de súplica.

"Puede subsanarse"

El citado portavoz aclaró que el Tribunal Superior no pone en duda la legalidad de las licencias otorgadas ni la validez del planeamiento urbanístico de Boadilla. Lo que dice es que el acuerdo plenario "es nulo porque no se mostró a la oposición una documentación que, sin ser preceptiva, debió exhibirse en el pleno". El portavoz recordó que, en su sentencia, el Tribunal Superior afirma que esta deficiencia -la no exhibición de la documentación- puede "subsanarse" convocando otro pleno. En este sentido, avanzó la posibilidad de convocar un nuevo pleno y exhibir la citada documentación a la oposición antes incluso de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso que presentó el Ayuntamiento frente a la sentencia del Tribunal Superior que declaraba nulo el acuerdo plenario.

Los jueces del alto tribunal madrileño anularon el acuerdo plenario "por vulneración del artículo 23 de la Constitución", que establece "el derecho a participar en asuntos públicos en condiciones de igualdad". No hubo igualdad porque, según denunció el PSOE y ratificaron después los jueces, el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, del PP, negó a los socialistas la documentación solicitada -referente al ámbito urbanístico El Pastel- antes de proceder a la votación.

"Se les privó de ejercer su labor de control y fiscalización de la actividad municipal", según la sentencia. Ésta es la deficiencia que, según el Tribunal Superior, deberá subsanar el Ayuntamiento.