El Constitucional mantiene en suspenso el cambio legal que quería dificultar la 'fuga' de Cajasur

El Constitucional ha levantado la suspensión cautelar que pesaba sobre dos artículos de la modificación de la Ley andaluza de Cajas, que dificultaban la huida de Cajasur del control de la Junta. Pero el Tribunal ha mantenido en suspenso el tercero de los artículos impugnados, que era el que establecía que esas nuevas condiciones se aplicasen con carácter retroactivo a la caja cordobesa, que ya se había acogido a la tutela del Ministerio de Economía. El auto argumenta que, hasta que no se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, levantar esa suspensión "perjudicaría el funcionamiento de la entidad".

La caja que preside el sacerdote a Miguel Castillejo se adhirió a la Ley Financiera en noviembre, unos días después de que se publicase la norma estatal. Esta norma permitía a Cajasur pasar a la tutela del Ministerio de Economía, en detrimento del control que ejercía la Junta.

El Ejecutivo andaluz modificó la Ley andaluza de Cajas para tratar de evitar así la fuga de Cajasur. En una disposición adicional de la norma autonómica, aprobada en diciembre, se ponían nuevos requisitos a la adhesión de la caja cordobesa a la Ley Financiera. En los dos primeros artículos de la disposición autonómica se condicionaba esa decisión al visto bueno de la Diputación de Córdoba, al voto favorable de cuatro quintos de los consejeros de la Asamblea y a un informe positivo de la Consejería de Economía. En el tercer artículo, la norma autonómica establece que "será de aplicación" a los actos que hubiese realizado ya Cajasur para escapar del control de la Junta.

El Gobierno impugnó la nueva norma autonómica ante el Constitucional, que suspendió automáticamente su aplicación en marzo. Ahora, antes del plazo de cinco meses que tenía para confirmar la suspensión cautelar, el Tribunal ha decidido mantener en suspenso el último de los tres artículos, de modo que el cambio de la Ley andaluza de Cajas seguirá sin tener efecto en la decisión de Cajasur de pasar a la tutela del Gobierno.

En el auto, fechado el pasado martes, el Constitucional recuerda que tras la adhesión a la Ley Financiera, el Ministerio de Economía aprobó nuevos estatutos de Cajasur, por lo que permitir la aplicación de la norma autonómica antes de pronunciarse sobre su constitucionalidad afectaría "al marco estatutario de la entidad, y con ello, a todo el sistema de adopción de decisiones en los órganos de gobierno de Cajasur".

Voto particular

El Constitucional sí levanta la suspensión cautelar a los dos primeros artículos al entender que el abogado del Estado "nada ha indicado acerca de que la regulación autonómica, por su propio contenido, impida el ejercicio de las competencias estatales". Es decir, que el Tribunal cree que el desarrollo autonómico debe mantenerse en vigor, al menos hasta que se pronuncie sobre el recurso. Esta decisión cosechó el voto particular de tres magistrados, que defendían la suspensión de todos los artículos.

Por otra parte, el responsable de los servicios jurídicos de Cajasur, Diego Jordano, explicó ayer que el nombramiento de Francisco Jiménez Becerril como consejero delegado de la entidad únicamente para el grupo de empresas responde a las facultades que el Consejo de Administración decidió dar en su reunión del jueves. . "Esto no significa que en un futuro no se le puedan asignar más ámbitos de actuación, como pueden ser el activo de la caja, el pasivo, la tesorería, los recursos humanos, el inmovilizado, las sucursales... ", puntualizó Jordano.