El Grupo PRISA reorientará sus inversiones en Bolivia

El Grupo PRISA anunció ayer su intención de reorientar sus inversiones en Bolivia, una vez se resuelvan los contenciosos con el Grupo Garáfulic acerca del principal consorcio de comunicación de ese país. En una subasta notarial celebrada el martes pasado en Madrid, Garáfulic perdió la propiedad de su participación en La Razón, el principal diario de Bolivia.

Las inversiones de PRISA en Bolivia se remontan al año 2000, cuando por invitación de Raúl Garáfulic, se tomaron participaciones en medios de prensa (entre ellos La Razón), televisión (ATB) y un portal de Internet. La inversión fue de 10 millones de dólares, de los que tres se abonaron a la familia Garáfulic y siete a las compañías, como aportación de capital.

En los contratos firmados en su día, Garáfulic garantizó a PRISA una rentabilidad mínima anual del 10% de su inversión y reconoció un derecho de salida consistente en la obligación de Garáfulic, en supuestos de bloqueo de las sociedades compartidas, de comprar las acciones de PRISA por un precio no inferior a la inversión más los intereses por el tiempo transcurrido desde que fue realizada.

A fin de facilitar la financiación de las sociedades compartidas, PRISA afianzó, en 2001, tres préstamos concedidos a las mismas por el Banco de Sabadell por un importe agregado de 11,5 millones de dólares. Como contragarantía por el valor del 50% de dicha deuda bancaria, que correspondía a Garáfulic, éste pignoró a favor de PRISA el 23% de las acciones del holding de prensa y el 34% del capital del de televisión.

Importantes pérdidas

Hasta marzo de 2002, la gestión de las sociedades compartidas estuvo a cargo de Garáfulic y los ejercicios 2000 y 2001 se cerraron con importantes pérdidas. Ante la gravedad de la situación, a partir de 2002 PRISA se hizo cargo de la gestión. Descubrió entonces la existencia de pasivos ocultos, entre ellos la desviación de fondos (más de 2.150.000 dólares) destinados a pagar un crédito con el Citibank, y que fueron, sin embargo, entregados a una sociedad patrimonial de la familia Garáfulic, sin consentimiento de PRISA.

Ante la imposibilidad de resolver la situación creada por el bloqueo del funcionamiento de las sociedades, PRISA comunicó el ejercicio de su derecho de salida en octubre de 2002 y, en diciembre de ese año, suscribió un nuevo acuerdo con Grupo Garáfulic en el que éste reconocía el ejercicio de ese derecho y se comprometía a ofrecer, antes del 15 de enero de 2003, un plan que recogiera las condiciones de la salida de PRISA.

Pese a haber firmado dicho pacto, el Grupo Garáfulic no cumplió sus obligaciones y, tras varios requerimientos, PRISA interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París. En junio, PRISA pagó a Banco de Sabadell más de 9,5 millones dólares y puso en marcha el procedimiento de ejecución de la prenda sobre las acciones de Grupo Garáfulic, que han sido adjudicadas a Luis Gutiérrez Blanco.