José Blanco: "Los instigadores y beneficiarios de la trama de Madrid están en el PP"
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, sostuvo ayer que los "instigadores, promotores y beneficiarios de la trama de Madrid están en el PP" y rechazó la posibilidad de que se trate de un problema interno de los socialistas. Blanco se preguntó, en una entrevista en la Cadena SER, por qué si sólo se trata de un problema interno del PSOE, el PP y el fiscal general del Estado se niegan a investigar la trama. Para él no hay dudas de que "debajo de cada ladrillo de la trama se encuentra un militante del PP". A su juicio, "Aznar llama cotilleo a una trama para intentar robar unos escaños".
El número dos del PSOE, máximo responsable de la confección de las listas electorales, asumió su parte de responsabilidad por haber incluido a Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, los dos tránsfugas, en las candidaturas: "Puede que no tenga el suficiente olfato, porque no pudimos detectar a dos sinvergüenzas que disimulaban". "Hay que ser capaces de tener un mecanismo que revise nuestro mecanismo de selección" de candidatos, añadió.
No obstante, el secretario de Organización socialista recordó que ha sido su partido, y no el PP, quien ha tomado medidas para atajar la corrupción: "Los que están detrás de la trama del PP siguen en el PP. Lo que se le exigió al PSOE lo hicimos expulsando a estas personas, asumiendo las críticas. Y le exigimos al PP que haga lo mismo".
Blanco criticó con dureza al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, al que ha acusado de ser el "fiscal del Gobierno". También en este apartado hizo autocrítica: "Es probable que no estuviéramos acertados al no incluir todo lo relativo a la Fiscalía en el Pacto por la Justicia. El PP utiliza la Fiscalía para dar instrucciones (a Cardenal) sobre lo que quieren el PP y el Gobierno. Los ciudadanos dicen que parece que Cardenal trata de encubrir a los delincuentes. Y eso es muy grave para el Estado de Derecho".
Contra estas situaciones, Blanco ha propuesto que el fiscal general del Estado sea elegido por el Parlamento "para evitar que esté al servicio del Gobierno".
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