'Caso Estela'

Es el nombre de una operación contra el narcotráfico y blanqueo de dinero que se sigue en Barbate. Es una operación importante por el elevado número de detenidos, por la cantidad de droga intervenida y por el dinero decomisado. Sin embargo, no son sus resultados lo que está trascendiendo a la sociedad. Lo que está trascendiendo es la posible existencia de un enfrentamiento personal entre el juez, que está instruyendo las diligencias, y el fiscal jefe de Cádiz y, también, algo más. Un algo que consiste en que, como consecuencia de este enfrentamiento, se está tomando decisiones judiciales que podrían favorecer que, los delitos que se están persiguiendo, quedaran sin castigo. Dicho más claramente que si este enfrentamiento no existiera las excarcelaciones que se han dado y la petición de nulidad de actuaciones por parte del fiscal no se hubieran producido.

De nuevo, pues, aparece una sombra de duda sobre actuaciones de jueces y fiscales. De nuevo se pone en entredicho la propia Justicia que, como valor superior, conforma parte del Estado de Derecho y sobre la que estas dudas no deberían pesar.

No obstante, como son numerosos los casos en los que se piensan razones políticas, personales, o económicas o, sencillamente, errores, que terminan favoreciendo a quienes son cogidos con la mano en la masa, nada hace suponer que éste no sea uno más que ahonde el desprestigio de la Justicia. Ahí están el de la trama de Madrid, los casos Almeja o Nécora, y el del Negro, por traer las resoluciones prevaricadoras de algún juez indultado o el reingreso de alguna jueza. Esperemos que, en esta ocasión, no se siga resintiendo la Justicia. No está para muchos más trotes de esta naturaleza.

Claro que, mientras se llega a conocer la verdad sobre la constitucionalidad, o no, de las escuchas, no estaría de más no ignorar que la Constitución es la base sobre la que el fiscal jefe dice haber actuado, sobre todo cuando en estos momentos se están cociendo los nombramientos de los nuevos fiscales jefes de Andalucía. De ahí que si la actuación del fiscal jefe de Cádiz ha sido acertada, sería una pena perder a quien no se deja intimidar cuando son los derechos constitucionales -libertad e intimidad- los que están en juego. Después de todo no estamos en Guantánamo.