La Asamblea de Madrid pedirá a Hacienda datos de los tránsfugas y los constructores

Rafael Simancas, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, pedirá a la Agencia Tributaria información fiscal sobre los dos tránsfugas, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, y de los constructores Francisco Vázquez y su sobrino Francisco Bravo, que ayudaron a los dos desertores en el momento de su fuga. La Asamblea de Madrid aprobó ayer la puesta en funcionamiento de una comisión de investigación sobre la trama de los tránsfugas. Todas las personas que sean citadas por los grupos parlamentarios tienen obligación comparecer, según establece el Código Penal.

Simancas asegura que además de solicitar la información fiscal de los dos tránsfugas y de los promotores Bravo y Vázquez, harán lo propio con dirigentes políticos y propietarios de suelo relacionados con operaciones urbanísticas que está investigando la Fiscalía en Navalcarnero, Sevilla La Nueva y Villaviciosa de Odón.

El PP está dispuesto a apoyar esta petición. "Si es legal pedirlo, nosotros también lo haremos, pero siempre dentro del marco de la legalidad", explicó ayer a este periódico la portavoz del PP, Esperanza Aguirre.

Los socialistas estudian incluso solicitar información a las entidades bancarias privadas sobre las cuentas corrientes de los implicados en la supuesta trama de los tránsfugas. Los juristas consultados por este periódico aseguran que sólo existe obligación legal de colaborar entre administraciones y, por tanto, la Agencia Tributaria debería suministrar la información fiscal que se le requiere. Sin embargo, es mucho más controvertido que los bancos deban facilitar información sobre sus clientes a una comisión de investigación en un Parlamento regional.

El PSOE quiere hacer estas peticiones de información en la primera sesión de la comisión de investigación ante el poco margen de tiempo que hay. El próximo 28 de agosto, los trabajos de los parlamentarios deben haber terminado. Ese día concluye el plazo para encontrar un presidente que logre votos suficientes para la investidura. Si no ha sido posible, se convocarán elecciones, que se celebrarán a partir del 25 de octubre.

Ayer, tras una semana de debates respecto al funcionamiento y el objeto de investigación de la comisión extraordinaria, los grupos de PP, PSOE e IU formalizaron una petición conjunta de comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que tendrá 17 miembros de esta comisión (8 del PP, 6 del PSOE, 2 de IU y uno del Grupo Mixto).

Exclusiones

El acuerdo suscrito por los tres grupos, sin embargo, deja claro que el diputado traidor del PSOE, Eduardo Tamayo, será investigado pero no podrá ser investigador, quedando excluido de la comisión.

El PP, con mayoría en la Mesa de la Cámara, forzará que la comisión de investigación se formalice el próximo martes, día en el que los portavoces de cada grupo dentro de la comisión (Antonio Beteta y Pedro Muñoz, por el PP; Modesto Noya, por el PSOE y Luis Suárez, por IU) pacten una lista de comparecientes y un calendario para las pesquisas.

El PP quiere que la primera comparecencia sea el próximo viernes y que testifique Eduardo Tamayo. Los socialistas no ponen pegas a que el primer llamado sea el diputado tránsfuga, pero opinan que esa hoja de ruta "es demasiado precipitada porque no deja tiempo para solicitar documentación imprescindible para las pesquisas ni de realizar las notificaciones a los comparecientes".