El fiscal de Cádiz dice que consultó a Cardenal su petición de poner en libertad a presuntos 'narcos'
El fiscal jefe de la Audiencia de Cádiz, Isidoro Hidalgo, informó personalmente el pasado viernes al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, de su decisión de solicitar la puesta en libertad de algunos de los detenidos en la Operación Estela contra el narcotráfico en la provincia gaditana, la mayoría de ellos comerciantes y empresarios de Barbate.
Según explicó ayer Hidalgo, no pidió el internamiento de 14 supuestos narcos porque "no hay peligro de que no vayan a asistir al juicio porque están localizados y son muy conocidos en su municipio". Hidalgo informó igualmente a Cardenal de que pidió el pasado mes de abril la nulidad del proceso de detenciones previo a la Operación Estela porque detectó algunas anomalías en el procedimiento que dirige el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de El Puerto de Santa María, Miguel Ángel López Marchena.
Hidalgo defendió ayer su actuación al frente del Ministerio Público en la Operación Estela. El fiscal detalló que tomó la decisión de pedir la liberación de 14 de los 24 detenidos después de reunirse con la junta de fiscales gaditanos. Según explicó, esta petición está "perfectamente argumentada" en los autos de prisión y libertad. "He actuado de acuerdo a derecho y tengo el respaldo del fiscal general", aseguró. De esta manera, Hidalgo respondió a las críticas que viene recibiendo de los partidos políticos y de la coordinadora antidroga Redein en la provincia de Cádiz. "Pueden decir lo que quieran, pero deben ver la actuación de la Fiscalía a través del Ministerio de Justicia y del fiscal general, que está perfectamente informado por mí", dijo.
Asimismo, Hidalgo detalló que sólo 24 de los 41 detenidos -que es la cifra total que aportó la Guardia Civil- corresponden a la Operación Estela. El resto se produjo a lo largo de varios meses en un proceso judicial previo que dirigió también el juez López Marchena. Las diferencias entre las formas de proceder entre este magistrado y el fiscal jefe de Cádiz quedaron de nuevo en evidencia cuando el titular del Ministerio Público cuestionó este proceso judicial.
Conflicto de competencias
Tanto es así que informó que pidió la nulidad del proceso el pasado mes de abril al entender que las intervenciones o pinchazos telefónicos de algunos de los sospechosos "no estaba suficientemente fundamentada ni investigada". "Mi obligación es velar porque se cumpla la ley de forma correcta y se respeten los derechos de todas las personas, sean culpables o no", dijo Hidalgo, quien añadió que al margen de este argumento se produce un "conflicto de competencias" al dirigir "un juez de El Puerto un asunto que le corresponde al de Barbate". "Lo que ha llamado la atención es la forma de proceder de este juez [López Marchena] al ordenar 60 registros domiciliarios en apenas unas horas...".
