Nuevos límites para las OPA

El Gobierno retocó en abril la legislación sobre ofertas públicas de adquisición (OPA) con el objetivo declarado de proteger al pequeño accionista. La reforma, que aún no ha sido puesta a prueba por ninguna operación, complica una legislación ya enrevesada y encarece estas compras, que escasean en España. Los expertos no creen, sin embargo, que eche atrás a ningún potencial inversor.

Todos los conductores tienen claro el límite de velocidad máximo permitido. Hasta abril las empresas españolas también sabían que el límite máximo del capital de una compañía cotizada que podían comprar sin verse obligados a lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) era del 25%. El símil lo pone Javier García de Enterría, catedrático de Derecho Mercantil y asesor del despacho de abogados Clifford Chance, quien subraya que las nuevas reglas son "difíciles de objetivar" y "dejan amplio margen a la discrecionalidad".

Motivada por varias operaciones en las que los pequeños inversores se quedaron sin jugosas primas tras compras de capital cercanas al 25%, la reforma introduce una batería de nuevos supuestos obligatorios. Y ya no hay que fijarse sólo en el límite de capital, sino también en el consejo de administración. Así, es necesario lanzar una OPA al menos sobre el 10% si se pretende designar al menos a un tercio de los consejeros, incluso cuando el capital pretendido sea inferior al 25%. Y la oferta debe ser por el 100%, cuando se intente comprar la mitad del capital o más o designar a la misma proporción de consejeros. Esta última obligación se mantiene durante dos años.

El criterio de los consejeros es original de España. Y difícil de llevar a la práctica, según los expertos consultados. En primer lugar porque habrá que determinar su relación con la compañía, un asunto que puede resultar muy complicado. Las empresas podrían burlar este principio no ejerciendo un control efectivo del consejo o colgando a sus consejeros la etiqueta de independientes. Para Javier Hervada, socio del despacho Freshfields, sin embargo, "las maniobras al límite van a ser más difíciles".

Otro cambio significativo se refiere a la mejora del régimen de ofertas competidoras para que los accionistas se lleven la prima más alta posible. Frente al actual sistema por el cual sólo podía mejorar la oferta quien daba el primer paso, se establece otro que permite que todos los interesados mejoren una vez con una nueva propuesta en sobre cerrado. También serán posibles las OPA condicionadas a la eliminación de los blindajes del consejo de la pretendida, que no estaban contempladas hasta ahora.

En este esquema la Comisión del Mercado de Valores, que debe aprobar estas operaciones, tendrá que reforzar la supervisión.

La primera consecuencia de estos cambios es el encarecimiento de muchas operaciones, cuyos promotores se verán obligados a ir a por un porcentaje mayor del capital, opina Gregorio Izquierdo, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y director de Análisis del Instituto de Estudios Económicos. A cambio, asegura, los precios estarán "más cerca de lo que está dispuesto a pagar una empresa por otra".

Lo que no parece es que se vayan a frenar posibles operaciones, coinciden los consultados. En 2002 se llevaron a cabo 17 OPA por valor de 4.318 millones de euros, según el anuario de la CNMV. Este año ya se han planteado ocho, cinco de las cuales están aún en periodo de suscripción. La evolución del mercado ha convertido en opables a muchas compañías.

La reforma resulta complicada y aleja a España del modelo de otros países europeos, donde lo más habitual es un sistema de umbral único: si el ofertante quiere adquirir más de un porcentaje del capital -entre el 30% y el 33%- está obligado a lanzar una OPA por el 100% del mismo. Además, puede que sufra un nuevo retoque si por fin sale adelante la directiva que prepara la Unión Europea.