Camps apuesta fuerte por el territorio

Todas las lecturas partidarias y mediáticas que se vienen haciendo del nuevo Gobierno autonómico se sostienen más en la adivinación que en el fundamento. Las consejerías trajinan todavía en los traslados de sede y en la acomodación del personal e instalaciones. La gestión se desarrolla bajo mínimos y las decisiones relevantes llevarán su tiempo. No obstante este aparente enervamiento, algunos indicios y confidencias delatan que tanto en el Consell como entre los consejeros se ha establecido otro régimen de trabajo, que sucintamente podríamos describir como más riguroso en el tratamiento de los asuntos y notablemente exento del presidencialismo que ha dominado estas dos últimas legislaturas. Digamos que hay una más clara atribución de competencias y responsabilidades entre los distintos departamentos y sus titulares, pero es algo que habremos de verificar en los próximos meses. De momento, solo es dable noticiar el cambio de estilo y las buenas vibraciones que decanta el equipo gobernante.

Aunque todas las áreas de gestión van a necesitar su puesta a punto, parece obvio que la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y vivienda va necesitar algo más que la buena voluntad y el ímpetu de sus responsables para acometer sus objetivos. Al margen de la complejidad de los problemas que ahí se condensan, no es aventurado afirmar que también han sido los problemas más eludidos por las anteriores administraciones. No ha de ser casual que el presidente Francisco Camps haya optado por aunar los citados capítulos - hasta ahora disgregados y hasta colisionados- sometiéndolos a una dirección integral. Ni tampoco ha de resultar fortuito que le haya endosado ese reto a un peso pesado de su gabinete, como es Rafael Blasco, promotor de prácticamente toda la legislación medioambiental que se promulgó en los años 80.

Queremos subrayar que este presidente, además de restaurar progresivamente el uso del valenciano en las tareas habituales de gobierno, ha apostado fuerte por la no menos difícil, y en algunos aspectos agónica, restauración y defensa de nuestro territorio con todas sus ineludibles connotaciones ecológicas. Un gesto -por ahora sólo es un gesto que no puede pasar inadvertido a cuantos son conscientes de la degradación a que ha estado y está sometido este bien escaso y precioso que es nuestro patrimonio natural. El urbanismo y la vivienda únicamente pueden ser un corolario de esa ord

enación previa que habría que contemplarse como una cuestión de Estado y no como una iniciativa partidaria.

A nadie se le oculta que el mentado desafío ha de pinchar un globo impresionante de intereses que han usufructuado -y están en ello- décadas de agio a la sombra de un desarrollismo descerebrado y autárquico que todavía nos espanta en no pocos parajes de nuestro litoral, por no hablar de numerosas conurbaciones y áreas metropolitanas -la de Valencia es un engendro de la impotencia de consuno con la irracionalidad- abocadas al suicidio. Acometer su ordenación y propiciar un desarrollo sostenible no puede ser empeño exclusivo de un consejero o de un Consell, ni siquiera de una legislatura, por más explícita y sincera que sea su voluntad política.

Concierne a todos los agentes sociales y económicos, con mención especial de tantos alcaldes que, por mala fe o necesidad, han confundido la prosperidad con la saturación urbanística y la matanza de la gallina de los huevos de oro.

Entre los incumplimientos de las Cortes Valencianas figura la ley de Ordenación del Territorio. Casi es una bendición que no la hayan alumbrado, habida cuenta del desmayado pulso medioambiental de sus promotores. Quizá proceda revisarla y ponerla en sintonía con el plausible criterio del nuevo Gobierno. En todo caso, lo imperdonable sería que volviese a dormir el sueño de los imposibles. El consejero Blasco es un perito en concebir leyes y ésta, por apremiante, ha de parirla aunque sea con fórceps. Al fin y al cabo, por una paradoja de la vida, no ha de faltarle experiencia, pues se reencuentra y reemprende la legislación ecológica que él mismo inició tres lustros atrás con otros inquilinos de la Generalitat. Una asignatura pendiente con la que nos va el futuro del País y la calidad de vida que todavía conserva, a pesar de tanta malversación.