La Generalitat deja fuera del concurso de móviles a su actual proveedor, Vodafone

La Administración catalana, que con sus 6.500 móviles figura entre los grandes clientes por los que los operadores batallan con uñas y dientes en el maduro mercado español de la telefonía móvil, va a cambiar de proveedor. La Generalitat excluyó del concurso para adjudicar los servicios de telefonía móvil, por valor de 17 millones de euros y desde ayer ya polémico, a su proveedor Vodafone. A la oferta de Vodafone, que pierde a uno de sus principales clientes y del que ingresa cuatro millones al año, le faltaba, ante la extrañeza general, un mero certificado. Ya sólo compiten Telefónica y Auna.

Nadie podía ayer explicarse las razones de la Generalitat, que quiso cumplir a rajatabla con las bases de su concurso, y, sobre todo, el mayúsculo resbalón jurídico de Vodafone, que le ha dejado sin uno de sus principales clientes en España por no haber renovado un certificado de Hacienda. Desde el aterrizaje de Francisco Román como consejero delegado el pasado 1 de abril, la compañía ha iniciado una reorganización de la cúpula directiva con el fin de potenciar el departamento comercial. La propia Administración catalana expresó "sorpresa" y rechazó de plano, cualquier vinculación entre la exclusión y el megaapagón que Vodafone sufrió el pasado febrero y que dejó sin servicio varias horas a 8,7 millones de abonados.

Las bases del concurso de móviles especificaban que era "motivo de exclusión" para una empresa presentarse con una oferta omitiendo el certificado que da la junta consultiva de contratación de Hacienda, un papel requerido habitualmente en los concursos públicos y que clasifica a las empresas según su tipo de actividad. En abril, justo después de que Román ascendiera al cargo de consejero delegado en sustitución de John de Wit, caducó el certificado de Vodafone. Y no fue hasta mediados de junio cuando ésta lo solicitó de nuevo.

Vodafone eludió plantear lo ocurrido ayer como un acto de discriminación, pero subrayó con el mismo énfasis que este "problema formal" no merma de ningún modo su "capacidad técnica ni de servicio" y que, al margen de estudiar un posible recurso, quiere "explorar todas las vías para continuar trabajando con la Generalitat". Un portavoz de la compañía remarcó que existían discrepancias de interpretación sobre cuándo hay que tener el certificado de la discordia: si cuando se abren las plicas o en el momento de la adjudicación, que se resolverá en tres semanas. En cualquier caso, era un mero trámite.

La Generalitat es cliente de la antigua Airtel desde hace seis años. Ayer, el responsable del Centro de Telecomunicaciones, Manel Feu, aseguró que está "satisfecha" del servicio de Vodafone, cuyo contrato le supone pagar unos precios un 30% por debajo de los del mercado. "No podíamos omitir que Vodafone no tenía el papel. Telefónica y Auna podrían impugnar el concurso y ganar", explicó.

La Generalitat no es la única de las administraciones, atractivas para los operadores porque gastan mucho y garantizan un contrato a largo plazo, que tienen como cliente a Vodafone. La empresa, que en España cuenta con más de nueve millones de clientes, también atiende a la Junta de Andalucía y al Gobierno vasco, además de contar con una cartera de 150.000 compañías. Los resultados del grupo, que en el último ejercicio fiscal redujo un 39,2% las pérdidas hasta los 13.570 millones, no desglosa resultados por países. La filial española, con una cuota de mercado del 26,3%, sí indica que sus ingresos crecieron un 16,3%.

Embrollo

Sin ganas de pronunciarse sobre el embrollo, Telefónica Móviles y Auna, que en su reciente reorganización creó una unidad específica para Grandes Clientes, se frotan las manos. Aunque el precio sólo pesa un 30% en la valoración, fuentes conocedoras de las ofertas estimaron que los precios de Auna están en torno a un 5% por debajo de los de Telefónica. El primer operador español, que con sus precios por los suelos se llevó en 2001 la conexión con banda ancha de los hospitales y escuelas dependientes de la Generalitat en otro concurso no menos polémico, intervención del regulador incluida, subrayó su "gran interés" por la Generalitat.

Auna, que hasta ahora ha mantenido una relación fría con el Gobierno catalán, dijo contemplar el concurso "con buenas opciones". El concurso, por cuatro años y valorado en 17 millones, obliga a las empresas a invertir para que se garantice la cobertura de la red básica de Cataluña.