El Gobierno de CiU prolongará las concesiones de transporte por carretera entre 25 y 99 años

Dentro de 99 años se habrá renovado toda la población catalana, pero algunas concesiones del actual Gobierno catalán a empresas de transporte por carretera aún estarán en vigor. Un decreto publicado hace unas semanas en el Diari Oficial de la Generalitat faculta al Ejecutivo para renovar las concesiones e incluso modificarlas y señala que las concesiones no deben superar los 25 años, aunque en determinadas condiciones pueden rebasar esa cifra sin pasar de 99 años. El PSC cree que se trata de una decisión "clientelar" para satisfacer a empresas afines.

El transporte regular de viajeros por carretera se rige por diversas normas legales, pero las concesiones derivan de una ley de 1987 que establecía que durarían 20 años y luego serían revisadas. Es decir, hasta 2007. Pese a ello, un decreto de fecha 13 de mayo, publicado el 28 de ese mismo mes, establece la posibilidad de prolongar entre 25 y 99 años esas mismas concesiones. Y, además, permite al Gobierno catalán modificar las líneas y subvencionarlas con cantidades que llegan hasta los 600.000 euros por vehículo, además de cubrir los déficit si se producen.

Las medidas han incomodado incluso al propio sector del transporte. Un grupo de empresarios ha llevado el asunto a la Cámara de Comercio de Sabadell para que ésta plantee un recurso contra la medida. Los socialistas no pueden recurrir, pero darán su apoyo a los empresarios que lo hagan y han solicitado a los sindicatos que utilicen también la vía del recurso, ofreciendo para ello su apoyo. Al mismo tiempo, han presentado una iniciativa parlamentaria en la que reclaman la anulación del decreto.

"Se trata de un decreto que adelanta la revisión de las concesiones con un único objetivo: hurtar la capacidad de decisión al Gobierno que salga de las elecciones a celebrar en otoño", afirmó ayer el diputado Manel Nadal. En su opinión, Convergència i Unió (CiU) quiere "dejarlo todo atado y bien atado, como hizo el último jefe de Gobierno no democrático. Y lo hace porque está convencida de su derrota y quiere atar de pies y manos al futuro Gobierno catalán, que no podrá desarrollar una política coherente de movilidad".

Un portavoz del Departamento de Política Territorial, cuyo titular es Felip Puig, aseguró que la voluntad del departamento es no hacer concesiones por un periodo superior a 25 años, aunque se ha incluido la frase de los 99 años por exigencia de los asesores jurídicos.

La medida se adelanta, añadieron las mismas fuentes, para fomentar las mejoras de las líneas ya que las ayudas y las renovaciones están siempre vinculadas a planes de innovación y mejora.

La oposición cree que esto es pura retórica. El decreto establece un calendario "electoral" que permite al actual Gobierno catalán tomar todas las decisiones antes de las nuevas elecciones: da dos meses para presentar los planes y otros dos meses para tomar las resoluciones. Y lo que es más grave, dice Nadal: "Que no hay criterios para la renovación, queda todo al arbitrio del Departamento de Política Territorial, ni concurso ni publicidad, es decir, arbitrariedad pura".

Nadal recordó unas recientes declaraciones del director general de Transporte, Enric Ticó, en las que afirmaba que la voluntad del Gobierno era que las actuales empresas (75 en total, agrupadas en 45 grupos financieros diferentes) se reduzcan hasta 10 o 15 compañías. "Se trata de una medida que no está pensada para favorecer a Cataluña, sino únicamente a esas empresas, las que sean, cuyas concesiones y recursos quedarán blindados".

El decreto prevé para este mismo año unas aportaciones públicas no inferiores a ocho millones de euros. "Hasta ahora", recordó Nadal, "las empresas se arriesgaban a ganar o perder dinero. Ahora vemos unas medidas de puro favoritismo hacia los grupos afines a CiU, que legisla de forma que garantiza los beneficios a las empresas y endosa a los contribuyentes las pérdidas que puedan producirse".