Marruecos abre una cadena de juicios por los atentados terroristas de Casablanca

Al menos 134 islamistas serán juzgados en Marruecos en las próximas semanas por su relación, a veces de mera simpatía ideológica, con los atentados perpetrados hace mes y medio en Casablanca y que costaron la vida a 44 personas, incluidos 12 de sus autores. Entre las víctimas mortales hubo cuatro españoles, clientes del restaurante de la Casa de España, un club social que saltó por los aires. El primer juicio debe abrirse hoy en Casablanca en el Tribunal Penal de Apelación, ante el que comparecerán 31 integristas supuestamente miembros de la corriente salafista combatiente.

Varios procesados, suicidas potenciales, según la acusación, o personas que brindaron presuntamente apoyo logístico a los terroristas, mientras que otros instigaron supuestamente la violencia con sus soflamas. Entre los inculpados figuran incluso personas que estaban detenidas o encarceladas el 16 de mayo, día en que las explosiones sacudieron la capital económica de Marruecos. Es el caso, por ejemplo, de Yussef Fikri, apodado por la prensa el "emir sangriento", que habría reconocido tres asesinatos de "impíos", o de Zakaria Miludi, en cuyo grupúsculo La Vía Justa militaban varios de los kamikazes.

Los abogados de la defensa lograron hace una semana un aplazamiento del juicio alegando que varios inculpados carecían aún de letrado, y es posible que hoy vuelvan a hacer otro tanto, argumentando esta vez que no han dispuesto de tiempo suficiente para estudiar los casos y preparar sus alegatos.

El de Casablanca es sólo la cuenta más vistosa del rosario de juicios que en Kenitra, Tánger o Rabat están en preparación. Los magistrados de Fez se han dado incluso más prisa condenando la semana pasada a nueve salafistas ajenos a los atentados a penas de entre 15 y 25 años de cárcel.

Entre los que deberán sentarse próximamente en el banquillo figura Abdelaziz Hichu, de 38 años, un español de origen marroquí que trabaja como vigilante de un garaje en Ceuta, según la fiscalía de Casablanca. Hichu está acusado de posesión ilegal de armas y de modificar en el taller de Ceuta matrículas de automóviles robados en Europa, que le entregaba el francés musulmán Pierre Robert, para que pudieran ser vendidos en Marruecos. Con esas transacciones se financiaban supuestamente los terroristas.

También está pendiente de juicio el que fue hasta diciembre pasado el imam de la mezquita de Burgos, detenido en vísperas de Nochevieja en el puerto de Tánger. Buchaib Magher, de 35 años, está casado con la alicantina Eva María Montfort Peiró, que se ha trasladado a Casablanca para poder ayudarle en su defensa. "Los atentados han creado un ambiente que perjudica a mi marido", se lamenta Montfort.

Tanto el ministro de Justicia, Mohamed Buzubaa, como el de Exteriores, Mohamed Benaissa, han insistido estos últimos días en que los autores de las explosiones tenían "vínculos con varias organizaciones terroristas en el extranjero" que les financiaban, pero no han aportado prueba alguna. "Todo será demostrado ante el tribunal", declaró anteayer Benaissa en Lisboa.

Justicia y Caridad

El número de detenidos en las últimas seis semanas multiplica por 15 la cifra de inculpados. Gendarmes y policías no se han andado con rodeos y en Tetúan y Fez han apresado a los responsables locales de Justicia y Caridad. Este movimiento opuesto a la violencia, que dirige el jeque Abdesalam Yassin, gozaba hasta ahora de cierta tolerancia, aunque no era legal.

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y la Organización Marroquí de Derechos Humanos, vinculada al partido socialista, han pedido una investigación de las circunstancias de la muerte de Abdelhak Bentassir, presunto coordinador de los atentados, que falleció horas después de su detención en Fez. Las familias de las víctimas de Casablanca tacharon de "insulto" esta iniciativa.

La independiente AMDH ha ido más lejos en sus críticas reprochando al Gobierno haber aprovechado "el clima generado por las acciones terroristas (...) para sacar adelante la ley antiterrorista" que entró en vigor a finales de mayo. Esta ley "amenaza los avances democráticos sectoriales y frágiles".