Los supervivientes del atentado de Hipercor critican a la Administración durante el juicio por no prestarles ayuda

Las víctimas que sobrevivieron al atentado de Hipercor criticaron ayer a la Administración por haberse "olvidado" de proporcionales ayuda para superar las secuelas físicas y psíquicas que les causó la explosión del coche bomba que ETA colocó el 19 de junio de 1987 en el garaje del supermercado barcelonés, provocando 21 muertos y 45 heridos. Esta censura a la falta de apoyo se produjo mientras las víctimas declaraban como testigos en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, durante el segundo día del juicio a los presuntos autores del atentado, los etarras Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, y el ex miembro del comando Barcelona Rafael Caride Simón.

Los acusados, que el pasado lunes provocaron su expulsión de la Sala y para los que el fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairiño, solicita un total de 950 años, no estuvieron presentes para escuchar los testimonios de la quincena de testigos, que describieron las terribles escenas que siguieron a la explosión. Roberto Manrique, delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Cataluña, recordó "una explosión tremenda, y, a partir de ahí, el sufrimiento por las heridas y por tratar de salir de allí". Manrique añadió que no había recibido "ni una llamada" de la Administración tras el atentado, y criticó la falta de ayuda a las víctimas.

Todos los testigos repitieron la misma crítica hacia la falta de apoyo tras el atentado. José Vargas, que sobrevivió a la explosión junto a su mujer y a su hijo, explicó que la única indemnización que recibió de la Administración fue de 600 euros (100.000 pesetas), a pesar de perder su coche y de que su hijo estuvo dos años y medio en tratamiento psicológico, que, según denunció Vargas, no ha sido sufragado por el Estado.

Las víctimas declararon que siguen sufriendo las secuelas. Rosario Grau, que sobrevivió herida y fuertemente conmocionada, afirmó que aún padecen fobia a los lugares cerrados y con gente, por lo que sigue recibiendo ayuda psicológica. Otro testigo, que tenía siete años cuando se produjo el atentado, declaró que recibe tratamiento desde que es consciente de haber perdido a su padre y a su madre, que estaba embarazada, hace ya 16 años.