Las asambleas de las cajas asumen la nueva ley financiera con la abstención de los socialistas

Las asambleas generales de Bancaixa y la CAM aprobaron ayer las modificaciones de sus respectivos estatutos para adecuarlos a la ley financiera aprobada el pasado otoño. Los representantes vinculados al PSPV se abstuvieron y expresaron en ambas asambleas su oposición a la lectura autonómica de la ley porque no establece un claro régimen de incompatibilidades para los miembros de los órganos de gobierno, ni impone la proporcionalidad en las cuotas de representación pública, ni fija normas de buen gobierno. También alertaron sobre los recientes ataques del Gobierno, el gobernador del Banco de España y directivos de la gran banca hacia las cajas de ahorro.

La asamblea general de la CAM, por la mañana en Alicante, y la de Bancaixa, por la tarde en Castellón, dieron carta de naturaleza a las modificaciones estatutarias que exige la ley de ámbito estatal y su correlato autonómico que, esencialmente, amplía de cuatro a seis años el mandato de los consejeros, eleva la representación de los impositores y limita a un máximo del 50% la presencia de representantes de las instituciones públicas en los órganos de gobierno de ambas entidades.

Los impositores elevan su presencia del 28 al 33% y los representantes de la Generalitat bajan del 28 al 25%, lo mismo que los de las corporaciones locales. Los representantes de las entidades fundadoras conservan un 5% y los trabajadores, el restante 12%.

Un consejero general vinculado al PSPV expresó en cada una de las asambleas su oposición a la ley financiera "en casi todo lo que afecta a las cajas de ahorro". En primer lugar, los socialistas lamentaron la ausencia de un régimen de incompatibilidades para los miembros de los órganos de gobierno; el reconocimiento de la proporcionalidad para elegir a los representantes de la Generalitat y los municipios en los órganos de las cajas, "como en casi todas las comunidades autónomas"; o la mención de una serie de normas de buen gobierno.

Pero, más allá, los socialistas expresaron su "intranquilidad" ante las sucesivas declaraciones de miembros del Gobierno y en primer lugar su presidente, José María Aznar, de portavoces del PP o del propio gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, en sintonía con directivos de la gran banca, en torno a la necesidad de "limitar la actuación de las cajas de ahorro". Una serie de declaraciones que se han multiplicado a raíz de la fallida oferta de compra de Gas Natural, empresa controlada por La Caixa, de la compañía Iberdrola.

Como primer paso, que forzará otra modificación de estatutos, los socialistas alertaron sobre "la creación de dos comisiones delegadas de retribuciones e inversiones, introducidas de tapadillo, ya que se crean en una ley sobre transparencia del mercado financiero destinada a sociedades cotizadas". Las cajas no cotizan, pero deben crear ambas comisiones. Las sociedades que cotizan, a las que formalmente se dirige la ley, no tienen la obligatoriedad de crear tales órganos.

Los socialistas también anunciaron su radical oposición a cualquier norma futura que persiga la "privatización encubierta" de las cajas a través de una definición legal de las emisiones para captar recursos denominadas cuotas participativas; la limitación de la capacidad de las cajas para competir y consolidar su expansión en beneficio de la banca privada; o la posibilidad de restar poder a la asamblea general de las entidades financieras.

La asamblea de la BBK, la caja vasca, por ejemplo, acordó la semana pasada ciertas limitaciones a la emisión de cuotas participativas y a la posibilidad de que puedan ser utilizadas para generar derechos políticos en los órganos de gobierno de la entidad en el futuro.

Trabajadores

La asamblea de la CAM, por la mañana, fue escenario de la protesta de los representantes de los trabajadores que consideran que los nuevos estatutos restringen su presencia en los órganos de gobierno. Juan Galipienso, responsable de UGT en la CAM, lamentó "la poca presencia de trabajadores en el consejo tras la modificación de los estatutos". Los representantes de los trabajadores intentaron forzar la suspensión de la asamblea extraordinaria convocada para aprobar la modificación de los estatutos y amenazaron con retirarse y provocar una falta de quórum que demostrara su peso. Pero la asamblea no se interrumpió y se consumó "una chapuza", en palabras de Galipienso, ya que los miembros del consejo habían comunicado que el número de consejeros acreditados en la asamblea era de 110 mientras que las votaciones sumaron 104 votos.

Todos los sindicatos de trabajadores de la CAM estaban de acuerdo en la protesta para evitar el recorte de su presencia en los órganos de gobierno y, esencialmente, en la comisión de control.