"Sólo les queda devolver el dinero que se han llevado"

Las críticas y las sospechas del PP sobre la gestión de los socialistas en la Expo 92 empezaron apenas clausurada la muestra. El 15 de octubre de 1992, tres días después del cierre, los populares advierten ya de que no darán por terminada la exposición hasta que el Gobierno no rinda cuentas de cómo se gastó el dinero y anuncian que pedirán un informe a la Intervención General del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda y otro al Tribunal de Cuentas.

Emilio Casinello y Jacinto Pellón comparecen ese mismo mes ante la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso para hacer balance de los resultados y, a la vista de las sospechas vertidas por algunos dirigentes del PP, invitan a la oposición a acudir al recinto de la Expo y estudiar todos los archivos.

El entonces portavoz popular, Andrés Ollero, rechazó el ofrecimiento y empezó a subir el tono para pasar de la cautelosa sospecha a la acusación directa con la que señaló durante años a Casinello y Pellón: "No me invite a visitar los archivos, me basta con que no me tape los números en las fotocopias que me envía", afirmó Ollero aquel día, en el que también llegó a decir al presidente de la sociedad estatal que sobre él ya no regía la presunción de inocencia, "sino la presunción de responsabilidad".

Unos meses más tarde, en febrero de 1993, Ollero vuelve a acusar a Pellón de "mentir", "falsear" y "ocultar" datos, mientras que el vicesecretario general del PP, Javier Arenas, da por hecho que el encarecimiento de las obras del AVE se debió al pago de comisiones de las empresas adjudicatarias a intermediarios próximos al PSOE. "Ha habido encarecimiento porque ha habido desviación de fondos, al parecer de empresas privadas, hacia personas que han estado vinculadas al PSOE. Y de eso tiene que dar explicaciones Felipe González", afirmó.

Las sospechas del PP a la supuesta gestión irregular de la Expo planearon siempre sobre los socialistas en los últimos años del Gobierno de Felipe González. En marzo de 1996, los populares llegan a la Moncloa, y en junio, el Tribunal de Cuentas remite el anteproyecto de su informe al Congreso. Las pérdidas, según el documento, rondan los 222 millones de euros, pero PP e IU creen que el agujero podría ser mayor.

En noviembre del año siguiente, llega al Congreso el informe definitivo y se repiten las fuertes críticas del PP a la supuesta gestión irregular del PSOE. En aquella ocasión las palabras más duras las pronunció Ramón Aguirre, que en nombre del Grupo Popular en el Congreso, del que era portavoz adjunto, aseguró que a los socialistas ya no les bastaría con pedir perdón. "Sólo les queda devolver todo el dinero público que se han llevado", advirtió. "Las primeras conclusiones son sencillamente alarmantes", añadió Aguirre, "y ponen de manifiesto las prácticas que ha habido en una etapa desgraciada de la vida española en la que se ha jugado con los fondos públicos". El grupo de IU, por su parte, solicitó una comisión de investigación.

El tono acusatorio de la intervención del portavoz adjunto del PP fue suavizado en las horas siguientes por la dirección nacional del partido, que ya sólo se atreve a hablar de "irregularidades" y "pérdidas millonarias" y reconoce que en el informe no se observan ni "corrupciones" ni "fraudes". Javier Arenas, entonces ministro de Trabajo, se muestra cauteloso, aunque recuerda que "el fin no lo justifica todo". "Hemos vivido unos años en los que las grandes celebraciones han obsesionado a determinados Gobiernos, y hay que ser respetuosos no sólo con los fines, sino también con las normas y los procedimientos", dijo.

Algunos altos cargos del PP se resisten a ser tan prudentes. El portavoz del partido en Andalucía, Manuel Atencia, sin conocer el informe, lo tildó de "demoledor" y denunció los "graves indicios de corrupción" observados en la auditoría. En línea con lo dicho por Ramón Aguirre, exigió también a los socialistas que "devuelvan todo lo que se llevaron".

Por su parte, el coordinador de comisiones del PP en el Congreso, Rafael Hernando, acusó al PSOE de estar inmerso en un proceso de "parálisis cerebral", mientras que Andrés Ollero, aventuró que las pérdidas reales fueron "el triple" de las declaradas y acusó al PSOE de haber promocionado una "curiosa fluidez de paso" de funcionarios del "Tribunal de Cuentas a la Expo y viceversa".