El TSJC obliga al Ayuntamiento de Barcelona a cambiar el escudo de la ciudad por ser "ilegal"
El gobierno municipal anuncia un recurso, pero se muestra abierto a cambiar la simbología
El escudo de Barcelona, con la Cruz de Sant Jordi integrada en las cuatro barras y que fue aprobado tras una agria polémica en 1996, puede tener los días contados. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha prohibido a la corporación municipal que utilice "en lo sucesivo" la actual simbología de la ciudad al desestimar el recurso presentado por el Ayuntamiento en octubre de 2002 contra la sentencia del Alto Tribunal que, en julio de 2002, la declaró "ilegal". El consistorio anunció ayer un nuevo recurso, pero se mostró abierto a cambiar la simbología si hay consenso.
En 1996, todos los grupos del Ayuntamiento de Barcelona acordaron cambiar el escudo de la ciudad, caracterizado por la corona de los condes de Barcelona, las cuatro barras y la cruz de Sant Jordi. En su lugar aprobaron otro escudo de líneas más simples en el que desaparecía la corona y la cruz se integraba en las cuatro barras.
Poco después, la Sociedad Catalana de Genealogía, Heráldica y Sigilografía presentó un recurso al considerar que el nuevo escudo no respondía a la realidad histórica de Barcelona y que en su confección no se había tenido en cuenta la tradición heráldica de la ciudad.
La resolución conocida ayer remite a la sentencia ya dictada por el Alto Tribunal catalán, según la cual, "el expediente administrativo pone de relieve que, en lo relativo a la aprobación del sello oficial y del símbolo de la ciudad, se omitieron los trámites más esenciales del procedimiento", ya que "sólo consta la adopción del referido acuerdo, pero no la apertura de un periodo de información, lo que de hecho privó a los ciudadanos de la posibilidad de intervenir en un asunto de gran relevancia pública".
El portavoz del equipo de gobierno, Ferran Mascarell, anunció ayer que el consistorio recurrirá contra la sentencia, aunque también se mostró "abierto al diálogo" con todos los grupos políticos para una posible modificación del escudo, impreso en millones de documentos, elementos del mobiliario urbano, edificios públicos y vehículos municipales. "Si hay consenso se puede cambiar", afirmó.
El consistorio impugnó en octubre de 2002 la decisión judicial de invalidar la actual simbología alegando una "imposibilidad legal" para cumplir dicha sentencia. El equipo de gobierno argumentaba que la Carta Municipal, aprobada en 1998, otorgó "validez" a los acuerdos de 1996 pese a los defectos formales en la tramitación de los expedientes referentes a la bandera y el escudo.
Sin embargo, en el auto de 19 de junio de 2003, el TSJC considera que la Carta Municipal no especifica ni describe las características de la bandera y del escudo de Barcelona y remite expresamente al acuerdo de mayo de 1996, que según el tribunal tiene defectos de procedimiento.
El Alto Tribunal asegura que la única bandera correcta es la que contiene la Cruz de Sant Jordi y las cuatro barras, puesto que en "el símbolo" aprobado en 1996 se varían los cuatro palos rojos en campos amarillos, propios de los condes de Barcelona, por dos palos blancos en campo rojo, "lo que priva de cualquier relación identificativa con la señal histórica de dichos soberanos".
Los diferentes grupos municipales evaluaron ayer con prudencia la resolución judicial, ya que todos ellos votaron en 1996 la adopción de la actual simbología. CiU, sin embargo, pidió que la corporación municipal adopte para el nuevo escudo los "símbolos históricos" de Cataluña, entre ellos la senyera. El PP, en cambio, pidió volver a adoptar el escudo vigente hasta 1996. Un portavoz de la formación conservadora dijo: "A Barcelona no le hace falta ninguna otra guerra de banderas".
Tampoco quiere otra polémica como la de 1996 Iniciativa per Catalunya Verds, formación que se conformaría con un nuevo escudo "similar al actual". Desde Esquerra Republicana, en cambio, sí se apuesta por una renovación a fondo. Jordi Portabella considera que el pacto de 1996 sobre los símbolos de la ciudad fue "un mal acuerdo" y que, tras la decisión del TSJC es necesario reabrir el debate para propiciar un nuevo acuerdo.
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