Anticorrupción acusa a Gil de fraude fiscal por 12,8 millones

Los Gil "vienen endeudando ilimitadamente" al Atlético "sin previsión de futuro, impagando sistemáticamente sus obligaciones tributarias y abocándolo a una situación de crisis financiera prácticamente irreversible" mediante una gestión que "parece ser particular y deliberadamente perjudicial" para el club. Ésa es la conclusión a la que llega la Fiscalía Anticorrupción en la nueva querella criminal que presentó ayer ante la Audiencia Nacional contra Jesús Gil, su ex presidente, y su hijo Miguel Ángel Gil Marín, su director general, a los que acusa de haber defraudado a Hacienda 12,8 millones de euros entre 1997 y 1999 a través de la entidad rojiblanca y su empresa Promociones Futbolísticas.

La querella de Anticorrupción, que ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 3, cuya titular es Teresa Palacios, imputa a Jesús Gil y a su hijo Miguel Ángel Gil Marín cuatro delitos contra la Hacienda Pública, uno de administración desleal y falsedad contable y otro de insolvencia fraudulenta.

Los presuntos fraudes fiscales, por 12,8 millones de euros, se desglosan así: 2,6 millones en el IVA del Atlético en 1998; tres en el impuesto de sociedades del club relativo a la temporada 1997-98; 5,6 en ese mismo tributo de la empresa Promociones Futbolísticas, propiedad de Gil, también en 1998, y 1,6 en las retenciones a cuenta del IRPF en 1999.

En relación con los tres primeros casos, Anticorrupción recuerda la operación "ficticia" que "idearon" los Gil para saldar en 1998 una deuda de 16,2 millones de Promociones Futbolísticas con el Atlético -"en el marco de una completa confusión patrimonial deliberadamente generada (...) entre los fondos del club y los de sus otras empresas y actividades"- mediante la cesión al mismo por aquélla de los derechos sobre cuatro "supuestos jugadores profesionales": Mbengue, Djana, Maxi y Lawal, valorados en 16,5 millones y de los que sólo el último -hoy, en el Leganés- tuvo un contrato federativo, firmado además con anterioridad, en diciembre de 1997, por lo que "no tiene sentido" su pretendida "adquisición onerosa" en enero de 1998. "La acción penal ahora ejercida", precisa Anticorrupción, "no se refiere al negocio jurídico" en sí, por el que los Gil ya fueron condenados en su momento por estafa, "sino a la elusión de la tributación" oportuna.

La cuarta defraudación, en 1999, se detectó cuando los Gil acordaron la rescisión de los contratos del entrenador Radomir Antic y su ayudante, Resad Kunovac. El club tendría que haber ingresado en el Tesoro en septiembre de dicho año 1,6 millones por retenciones a cuenta sobre los ingresos de ambos, pero no lo hizo hasta abril de 2000. Su abono fuera de plazo, siempre según Anticorrupción, no puede ser considerado "espontáneo" y "carece de virtualidad exoneradora de responsabilidad penal" porque se produjo estando el club sometido a la administración judicial, entre diciembre de 1999 y abril de 2000, fecha desde la que volvió a ser administrado por los querellados, aunque sujeto a intervención judicial.

A propósito de ello, Anticorrupción hace hincapié en que la gestión de los Gil en el Atlético "parece ser particular y deliberadamente perjudicial" para el club, ya que "han desatendido cuantas observaciones y recomendaciones (...) les han sido formuladas por los interventores". Pese a "la crítica situación" del mismo, "no reflejada fielmente en las cuentas anuales", han superado en un 82% los gastos presupuestados, añade Anticorrupción. Así, los fondos propios, capital más reservas, han pasado de 10,8 millones a -39,6 y la deuda se ha incrementado en un 50%. Además, "han cedido los derechos audiovisuales de las tres próximas temporadas, han gastado los de la presente y han comprometido con Hacienda los de la próxima", "han desatendido los pagos corrientes" y "vienen abonando con retraso reiterado el sueldo del personal no deportivo y las nóminas de algunos jugadores".

Los Gil, concluye Anticorrupción, "vienen endeudando ilimitadamente" al Atlético "sin previsión de futuro, impagando sistemáticamente sus obligaciones tributarias y abocándolo a una situación de crisis financiera prácticamente irreversible".

En tales condiciones, advierte, su conducta "compromete la ejecución de la sentencia [recurrida ante el Tribunal Supremo] que en febrero condenó a Jesús Gil a tres años y seis meses de prisión" por apropiación indebida del 85,5% de las acciones del club emitidas en 1992 y estafa -Enrique Cerezo, el actual presidente, también fue condenado en relación con el 9,5%-, "de las medidas de responsabilidad civil acordadas y de la restitución ordenada de esas acciones", cuya "futura venta para la capitalización de la entidad resultará inviable porque su valor de mercado se habrá reducido a cero", por lo que "los 3.174 pequeños accionistas han perdido su inversión".

Precisamente, los Gil pretenden ahora una ampliación de capital por 36 millones y la Audiencia la ha condicionado a que Gil abone antes -dice hipotecarse para ello- los 11,6 millones que, según el fallo aludido, nunca pagó por las acciones que le hicieron dueño del Atlético.

Ayer, ante la propia Audiencia, Gil y su hijo se contradijeron sobre el caso Van Doorn, la presunta evasión de 53,6 millones del club a paraísos fiscales a través de esa firma holandesa. El primero, informa Daniel Borasteros, aseguró no haber tenido relación con ella; el segundo, que fichaban futbolistas con su intermediación.