"Puedo investigar si se querella el PP, pero no si lo hace el PSOE"

Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, envió el pasado martes 17 de junio un escrito de once folios al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en el que le solicitaba autorización para iniciar diligencias de investigación en la trama político-inmobiliaria de la Comunidad de Madrid. El documento analizaba datos públicos y jurisprudencia del Tribunal Supremo. Cardenal, hasta ayer, no le respondió. Sin embargo, tanto el fiscal general del Estado como el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, han descartado, en declaraciones públicas, una intervención de la Fiscalía Anticorrupción en el tema. Jiménez Villarejo dice en una entrevista con EL PAÍS que Cardenal le ordena investigar cuando se trata de querellas que presentan políticos del Partido Popular, pero no si el querellante es el Partido Socialista Obrero Español. He aquí el diálogo.

"Nunca antes nos habían ignorado y pasado por encima como en estos días"

Pregunta. ¿Tan claro es?

Respuesta. Lo digo porque es así. A comienzos de la semana pasada, después de analizar la crisis en la Comunidad de Madrid y examinar la información pública decidimos solicitar autorización al fiscal general del Estado para investigar el caso. ¿Para qué estamos si no es para asuntos como éstos? Se trata de un caso de presunta corrupción que ha tenido consecuencias institucionales tremendas. Unos días antes el fiscal general me había enviado varias querellas, siete si mal no recuerdo, todas inspiradas por gente del PP, relacionadas con el Ayuntamiento de Calvià, en Mallorca. Están dirigidas contra la ex alcaldesa socialista Margarita Nájera. Bien. Le sugerí al fiscal general del Estado que se nombrara a alguien de la fiscalía de Mallorca para llevar el tema y él estuvo de acuerdo. Tengo en mis oficinas al fiscal Joan Carrau, que está trabajando activamente en el caso. Ahora, entonces te preguntas: ¿Sólo hay que investigar cuando la denuncia la presenta el PP? Y no ha sido el único ejemplo. Está el de Susana Bermúdez, la diputada tránsfuga del PSOE en Ceuta, en septiembre de 1999, cuatro meses después de las elecciones locales de junio de aquel año.

P. El fiscal general del Estado hizo declaraciones el pasado viernes. No se pronunciará sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción hasta que se resuelva en el Tribunal de Justicia de Madrid sobre la admisión a trámite de la querella presentada por el PSOE.

R. He leído las declaraciones. Lo que no entiendo es por qué razón no me envía un oficio de respuesta a mi propuesta. Le diré también que siempre los altos cargos del Gobierno solían decir, al preguntárseles por resoluciones judiciales o de la fiscalía, que esto era un asunto de los tribunales. Ahora ya no es así. Actúan a cara descubierta.

P. ¿A qué se refiere?

R. El vicepresidente segundo, Mariano Rajoy, dijo el pasado viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, que no existían fundamentos jurídicos para una investigación del caso de la Comunidad de Madrid por parte de la Fiscalía Anticorrupción. El vicepresidente explicaba lo que debía decir una querella por el delito de cohecho y lo que no decía la que había presentado el Partido Socialista. En otras palabras, el fiscal general del Estado y el vicepresidente me daban, de hecho, una respuesta al oficio en el que yo proponía abrir un expediente para investigar. Cosas así no habían ocurrido nunca.

P. ¿Usted cree que la Fiscalía Anticorrupción debería estar presente aun en el caso de que prospere la querella presentada por la Fiscalía de Madrid?

R. Me parece que es obvio. La Fiscalía Anticorrupción tiene como objetivo este tipo de delitos, como el cohecho o las negociaciones prohibidas por la naturaleza de los cargos públicos. Mi pregunta es más sencilla: si éste no es un caso para esta fiscalía, ¿entonces cuáles son los casos que debería investigar? Lo que ocurre es que el poder no quiere. Está, de hecho, anticipando sus planes.

P. ¿Se refiere a que usted y otros fiscales jefes serán apartados de sus puestos en las próximas semanas?

R. En efecto. Como es bien sabido -porque se ha hecho una crónica anticipada de ello-, el ministro de Justicia ha firmado una orden ministerial que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el sábado 14 en la cual se convoca concurso para ocupar dos plazas de fiscales jefe. Es ilegal. Hay otros fiscales de Sala como Eduardo Torres-Dulce, Jesús Bernal y Martín Cazallo, que han escrito al fiscal general del Estado por este asunto. Ellos estiman que el Consejo Fiscal del 1 de julio debe considerar la legalidad de esa convocatoria de plaza y proceder a anularla si es, como yo creo, y como los colegas citados parecen estimar, una medida completamente ilegal. El fiscal general, por su parte, ya ha cursado dos oficios en los que justifica la citada orden ministerial.

P. ¿Y cree que hay algún camino para frenar esta ofensiva?

R. Vamos a intentarlo. Desde luego, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) va recurrir por la vía contencioso administrativa. Y creo que los tribunales les darán la razón. Yo mismo pienso presentarme a la plaza para cubrir la vacante de fiscal jefe Anticorrupción. No voy a dejar que un trabajo de largos años quede en el aire. En otros términos, tendrán que impedir que pueda conseguir esa plaza a cara de perro, sin ambages.

P. ¿Cree que sus hombres podrían avanzar rápidamente en esta trama, suponiendo que exista?

R. Ha pasado más de una semana desde que envié el oficio a la Fiscalía General del Estado. En ocho días, nosotros podíamos haber analizado los indicios existentes y practicado algunas diligencias e interrogatorios. Una semana es mucho tiempo. Pero nadie ha querido que metamos la nariz. Eso me parece evidente. Insisto en una cosa: nunca antes nos habían ignorado y pasado por encima como estos días.