El caso se abrió hace 11 años por la denuncia del ex presidente de Rumasa, Ruiz-Mateos

El caso saltó en 1992. El entonces Banco de Santander había ofrecido a sus clientes entre 1988 y 1989 un producto financiero fiscalmente opaco, sin retenciones (las cesiones de crédito), cuya legalidad discutía Hacienda. El juez Moreiras, de la Audiencia Nacional, entró a saco en el caso tras admitir una querella contra el banco del ex presidente de Rumasa, José María Ruiz-Mateos. Después de diez años de investigación, el asunto se ha mantenido vivo por iniciativa de la acusación que ejerce el diputado de Iniciativa per Catalunya, Joan Saura. La Fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron el archivo de la causa.

Para seguir el culebrón en que se se ha convertido el caso, que hace cinco años ocupaba ya 100.000 folios de sumario, se precisa casi una guía. Según la acusación, el núcleo del asunto es el siguiente: el Banco Santander ofreció a sus clientes un producto financiero, sin retenciones, que ofrecía el anonimato ante Hacienda. En principio, las cesiones era un producto tan legal como otro. El banco vendía la nuda propiedad de un crédito a un tercero, con un tipo de interés del 7%, emitido al descuento y por un mínimo de 10 millones de pesetas de entonces (60.000 euros). Los clientes se identificaban en ocasiones por un número o por un apodo, por ejemplo, Capitán Trueno.

El dinero negro fluyó hacia el producto y, según comprobó Hacienda en sus cruces informáticos, se utilizaron testaferros para ocultar, presuntamente, la identidad del comprador real. Aparecieron nombres de albañiles, de jubilados y de personas fallecidas con importantes cantidades invertidas. A partir de ahí es donde surgieron las acusaciones contra los administradores del Santander por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y delito contra la Hacienda Pública.

Medio billón

En total se realizaron 42.274 cesiones de crédito, por un importe de 432.965 millones de pesetas de entonces (2.602 millones de euros), invertidos por 3.500 titulares. Hacienda consideró que las entidades debían efectuar retenciones sobre los rendimientos (entre el 20% y el 25%) e identificar a los titulares.

El juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras, quien más tarde dimitiría por efectuar declaraciones en torno a otro caso famoso, el de Argentia Trust y Mario Conde, decidió romper el nudo gordiano del caso. En Semana Santa del año 1992 se presentó con nueve policías y cuatro inspectores en los servicios centrales del Banco Santander. Allí, se incautó de archivos informáticos y tocó el nervio del asunto: en una cinta magnética denominada SJ5 aparecían las operaciones de cesión de créditos. Una sola de las operaciones ascendía a 25.000 millones de pesetas de la época (unos 150 millones de euros). Los titulares de las operaciones aparecían con una sola identificación, a veces una letra y a veces un apodo (Capitán Trueno). Pese a la opacidad de las operaciones, surgieron algunos nombres y un cargo público, el entonces consejero de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana, Fernando Cartagena, que había invertido en cesiones 150 millones de pesetas, y que dimitió de su cargo.

Caso latente

Emilio Botín tuvo que declarar ante Moreiras y el caso -cese del juez de por medio- siguió latente. El Santander mantenía siempre que su actuación se ajustaba a la legalidad. Pasaron los meses y los años. Cambiaron los jueces (Teresa Palacios sustituyó a Moreiras en el caso); cambiaron los fiscales (el fiscal jefe, Eduardo Fungairiño, sustituyó al fiscal Jesús Santos) y cambiaron hasta las acusaciones. Ruiz-Mateos plegó velas.

Pero el caso siguió. Se incorporó como acusación particular el diputado de Iniciativa per Catalunya, Joan Saura, defensor de una idea rotunda en torno al caso: "Es el caso de fraude fiscal", llegó a decir, "más importante de la democracia". También Ausbanc ejerció en principio la acusación pero se retiró y, posteriormente, se añadió la Asociación para la Defensa de Inversores.Ni la juez Teresa Palacios, que ha aguantado las embestidas legales de los abogados del Santander (en un recurso del 5 de octubre de 1998 tildaron sus prácticas en torno al caso de "inquisitoriales"), ni Saura han cambiado de criterio.Sí lo hicieron la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que, asumiendo en parte las tesis del banco, han reiterado sus peticiones para archivar la causa desde 1998.

Ayer, fuentes de Hacienda señalaron respecto a la postura que pueda mantener ahora la Abogacía del Estado que, una vez que el caso entró en la vía judicial, la Agencia Tributaria prestó la ayuda técnica que se le requirió. Las mismas fuentes señalaron que la Abogacía del Estado, dependiente de Justicia, defiende intereses públicos globales y no directamente los de la Agencia.