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EL CASO DE LAS CESIONES DE CRÉDITO

ICV arremete contra el fiscal y el abogado del Estado

El presidente de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Saura, que está personado como acusación particular en la causa que investiga la comercialización de las "cesiones de crédito" por el Banco Santander, aseguró ayer que la decisión de la Audiencia Nacional de autorizar la apertura de juicio contra Emilio Botín y otros miembros de la cúpula del Santander Central Hispano "evidencia la subordinación del fiscal general del Estado al Gobierno durante todo este proceso". Saura recordó que el fiscal "se ha puesto siempre de parte de quienes ahora están imputados" en esta causa, por lo que entiende que "rozó la prevaricación".

El diputado aludió a este caso, que ha sido instruido por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, como "uno de los fraudes más importantes de la historia de la democracia, que no se va a quedar dormido en un archivador", y señaló que siente "satisfacción" por la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El dirigente de ICV señaló, además, que los responsables del Santander están acusados de 38 delitos contra la Hacienda Pública y uno de falsedad continuada en documento oficial, por haber comercializado operaciones en las que el banco presuntamente suministró a Hacienda titularidades falsas "utilizando identidades de muertos, curas, residentes en el extranjero o clientes del banco que no tenían que ver con ello".

Sobre el papel del fiscal de la Audiencia Nacional y del abogado del Estado en este caso, Saura criticó que hayan intentado desde el principio paralizar el proceso judicial,

y recordó, finalmente, que ha solicitado en repetidas ocasiones que este caso fuera atribuido a la Fiscalía Anticorrupción, dada su especial trascendencia institucional.

Solicitud de dimisión

Por su parte, Iván Hernández, el abogado que representa a la acusación popular que ejerce la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes, señaló que la Audiencia Nacional "ha hecho justicia", y que el papel que la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el abogado del Estado jugaron en este caso ha sido "una auténtica vergüenza". A su juicio, se deberían exigir responsabilidades por la posición que el fiscal y el abogado del Estado mantuvieron durante el proceso.

Hernández también reclamó que Emilio Botín abandone la presidencia del SCH, por presunta incompatibilidad legal. Fuentes del banco dijeron que Botín "no va a dimitir", ya que, señalaron, ni las normas legales en vigor, ni las corporativas del propio SCH, ni las del Banco de España le obligan a ello.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 25 de junio de 2003