El Supremo autoriza la edificación en los límites de las Salinas de Calp

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la dirección general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente en el que solicitaba que las salinas de Calp y su entorno fuesen declarados "bien de dominio público marítimo terrestre", según indicó ayer el Ayuntamiento. La sentencia permite desarrollar la urbanización del Saladar en los lindes del humedal, donde se han previsto edificios hasta de 15 alturas, ya que "son de propiedad privada".

La decisión del Tribunal Supremo permite desbloquear el plan de actuación integrada (PAI) del Saladar que prevé la construcción en los alrededores de las salinas de edificios con 15 plantas de altura. Las salinas de Calp, incluidas en el catálogo de zonas húmedas de la hasta ahora Consejería de Medio Ambiente, no cuentan, a diferencia de los parques naturales, con un perímetro amplio de protección para amortiguar la influencia de determinadas actividades que puedan aumentar la presión sobre las áreas protegidas. El PAI del Saladar ha sido criticado en numerosas ocasiones por la Asociación Cultural y Ecologista de Calp y por los grupos de oposición del Ayuntamiento, donde gobierna con mayoría absoluta el Partido Popular. El agente urbanizador que ha propuesto el PAI es Eurmed, una firma relacionada con el ex edil de Esquerra Unida, Manuel Roura.

La sentencia del Tribunal Supremo señala que los lindes de las salinas "son de propiedad privada, anulando su deslinde de la zona marítima terrestre", ya que "no hay prueba de que los terrenos ocupados por las salinas fueran un día una marisma". La decisión del alto tribunal indica que por ser inundado mediante un canal "no hay prueba de que se esté ante un terreno naturalmente inundable y que esas inundaciones por las mareas hayan sido impedidas por medios naturales".

La resolución del Tribunal Supremo confirma la sentencia dictada en su día por la Audiencia Nacional en 1996, que rechazó la declaración de las salinas y su entorno como zona marítimo terrestre y dio la razón a los propietarios de las mismas que años antes habían iniciado varias demandas para poder conservar la titularidad de un terreno que había albergado con anterioridad una industria de extracción de sal.

El Ayuntamiento de Calp, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo, insistió en que está garantizada la protección de la zona húmeda, ya que cuenta con los mecanismos jurídicos y urbanísticos para que las salinas puedan ser disfrutadas por todos los ciudadanos. El Consistorio recordó que el Plan General de Ordenación Urbana declara las salinas, aunque no sus lindes, como "zona no urbanizable de especial protección".

Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción, indicó ayer que "desgraciadamente se puede hacer bien poco" para evitar la urbanización de los alrededores de las salinas de Calp. "Creo que desgraciadamente llegamos tarde y sólo cabe que el proyecto de reparcelación tenga mayor respeto hacia el medio ambiente", prosiguió Arribas, "y eso también depende del Ayuntamiento".

Para el portavoz de Ecologistas en Acción, aunque es difícil, se podría intentar una permuta o la compra de los terrenos para evitar "la barbaridad urbanística", ya que la extinta Consejería de Medio Ambiente renunció a unificar las salinas de Calp y el Penyal d'Ifac como lugar de interés comunitario, lo que hubiese permitido ampliar la zona protegida.

El recién nombrado consejero de Urbanismo y Vivienda, Rafael Blasco, que sólo lleva en su cargo algo más de un día, se comprometió ayer a ponerse al día para analizar la situación creada por la sentencia del Tribunal Supremo.

Las salinas de Calp han estado en el centro de una larga polémica urbanística, que se remonta a cerca de 15 años atrás, cuando ya hubo un intento de desecar la zona húmeda y recalificar los terrenos como urbanizables, que se hallan ubicados en una de las zonas costeras más apetecibles para los promotores. El intento de urbanizar las salinas acabó en el llamado caso Calpe, a raíz del cual el entonces consejero de Obras Públicas socialista Rafael Blasco fue destituido por Joan Lerma.