Carreteras y trenes llegan a Lleida con retraso

Lleida arrastra la leyenda de ser una ciudad duramente castigada a lo largo de su historia. Lo fue en el pasado a causa de las sucesivas guerras y represalias políticas, pero ahora también está padeciendo las consecuencias de haber quedado postergada de las grandes infraestructuras viarias. El Ministerio de Fomento y el Gobierno de la Generalitat parecen no tener demasiadas prisas por mejorar las conexiones de la zona con el resto del territorio, a juzgar por las demoras que se están registrando en obras de gran envergadura, como la línea del AVE entre Madrid y Lleida, y la autovía Lleida-Barcelona, dos claros ejemplos del agravio que sufre la capital del Segrià en materia de comunicaciones.

Las administraciones central y autonómica, pero de una forma especial el Ministerio de Fomento, no están demostrando demasiada predilección hacia una ciudad que precisa la inversión pública para dar el salto definitivo. La relación de Fomento con Lleida está rozando lo políticamente incorrecto. Hace dos años, el alcalde de la ciudad, el socialista Antoni Siurana, firmó un decreto de paralización de las obras del AVE en el tramo que discurre por su término municipal para presionar al organismo Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) a introducir mejoras urbanísticas no previstas en el proyecto, especialmente en el entorno de la estación.

Después de varios meses de tensiones institucionales, Siurana ganó aparentemente el pulso, aunque no todos sus objetivos. Fomento no sólo tiene como norma pagar tarde y mal a los propietarios de las fincas expropiadas, sino que, una vez iniciadas las obras, éstas sufren demoras injustificadas que perjudican a los ciudadanos de múltiples maneras.

En materia de infraestructuras llueve sobre mojado y los leridanos tienen motivos para estar quejosos de la actuación de un organismo que suele incumplir sus promesas. Los casos más sangrantes se producen en la construcción del AVE. La línea entre Lleida y Madrid debería haber entrado en servicio a finales del pasado año. A renglón seguido está la autovía entre Lleida y Barcelona, que acumula un retraso de casi 12 años.

Las comunicaciones con Madrid, Barcelona, Tarragona y el Pirineo son malas y muy lentas. La alta tecnología con la que llegará el AVE contrasta con las escasas inversiones que Fomento destina a las líneas regionales, sobre todo al tren de La Pobla -pendiente de ser traspasado a la Generalitat- y a la línea Lleida-Barcelona por Manresa, sólo equiparable a los ferrocarriles del lejano Oeste.

Por lo que respecta a la red provincial de carreteras, el panorama tampoco es muy alentador. Lleida esta pésimamente comunicada con las capitales más próximas y con el Pirineo, donde las rutas discurren paralelas a los ríos y nunca se ha potenciado la comunicación transversal. Con la llegada del PP al Gobierno, en 1996, se paralizó el Eix Pirenaic, impulsado por el ministro socialista Josep Borrell. La conversión de la N-230 entre Lleida y la frontera francesa por el valle de Aran es todavía un proyecto virtual y las obras de la prometida autovía que unirá Lleida, Huesca y Pamplona -incluida en el Plan Director de Infraestructuras 2000-2007- no han comenzado.

Los alcaldes de las ciudades afectadas han exigido a Fomento que agilice los trámites administrativos y establezca un "calendario realista" de actuaciones para avanzar en la ejecución de una carretera de 280 kilómetros que conectará el Mediterráneo y el Cantábrico. Este proyecto es vital para el desarrollo económico y social de este corredor.

Pero donde más se ha lucido Fomento ha sido en la autovía Lleida-Barcelona, conocida como "la carretera de la vergüenza" porque acumula 12 años de retraso y una dramática lista de accidentes mortales. Actualmente se trabaja para finalizar el último tramo, de 16 kilómetros, entre Sant Pere dels Arquells (Segarra) y Santa Maria del Camí (Anoia). Esta carretera se ha convertido en uno de los puntos más conflictivos y de mayor siniestralidad de la red catalana. Su estado actual, con un solo carril y numerosas curvas que impiden los adelantamientos a las interminables caravanas de camiones, provoca engorrosas retenciones de tráfico a todas horas, especialmente los fines de semana y en las operaciones de salida o retorno de las vacaciones.

Desde que se iniciaron las primeras obras, a finales de los años ochenta, más de un centenar de automovilistas han muerto en esta vía. Los familiares de algunas víctimas presentaron una denuncia contra Fomento por un presunto delito de negligencia, pero las diligencias han sido archivadas por considerar que la Administración central no es responsable de las muertes. Las interminables obras se han convertido en una pesadilla para los automovilistas que no tienen otra alternativa gratuita y representan un quebranto económico para los transportistas, obligados a utilizar la autopista de pago para ganar tiempo. El ministro Francisco Álvarez-Cascos, que nunca ha hecho caso de las quejas de alcaldes y usuarios, se ha comprometido a tener la autovía acabada a finales de este año, pero al ritmo que van las obras difícilmente podrá cumplir su palabra. "Parece que el PP se tome esta carretera de pitorreo", señala el alcalde de Lleida, el socialista Antoni Siurana.

Lleida tiene 114.000 habitantes y ocupa en el mapa una privilegiada situación. Está cerca de Barcelona, pero también de Zaragoza, y tampoco se halla lejos de Madrid ni del Cantábrico y de Francia. Pero su deficiente red viaria le hace perder potencial económico e influencia en un área geográfica que va más allá de los estrictos límites provinciales. Sus principales carreteras y líneas férreas no se han modernizado al mismo ritmo que las de otras ciudades de sus mismas dimensiones, y ello le obliga a competir en inferioridad de condiciones. Y en materia aeroportuaria, la situación aún es peor.

Las instituciones leridanas y diversas organizaciones empresariales han denunciado en los últimos tiempos que los retrasos, tanto en las obras de la línea de alta velocidad como en las de la autovía, están ocasionando importantes perjuicios económicos en diversos sectores, como el comercio, la hostelería y, sobre todo, el turismo.

Joan Simó, presidente de la Cámara de Comercio de Lleida, asegura que se trata de unas pérdidas difíciles de cuantificar teniendo en cuenta que Lleida será durante los próximos tres o cuatro años la única terminal del AVE en Cataluña y atraerá a miles de clientes que residen en ciudades situadas en un radio de 100 kilómetros.

"Hay 700.000 personas que acudirían a Lleida a coger el tren y cada día que pasa los comercios y la hostelería pierden unos ingresos considerables", explica Simó, quien lamenta que por una falta de previsión del Ministerio de Fomento los trenes no podrán circular a 350 kilómetros por hora, por lo que sólo serán "unos Talgos rápidos".

Campañas en suspenso

El presidente de la Diputación, el convergente Josep Pont, señala que el sector más perjudicado será sin duda el del turismo, ya que, a causa del retraso en la entrada en servicio del AVE, la institución ha tenido que suspender la campaña de promoción Tanto y tan cerca, dirigida a captar clientes del centro y del sur de España para la práctica del esquí. Además, los operadores tampoco podrán utilizar la alta velocidad como reclamo para vender los atractivos del Pirineo en sus paquetes turísticos de este verano, y lo que sucederá el que viene no hay quien lo sepa.

Son ya ocho meses los que lleva de retraso el tren más esperado y a estas alturas Fomento aún no ha anunciado cuándo podrá iniciar los viajes de prueba ni los promocionales.

Lleida había puesto muchas ilusiones en la llegada de la línea de alta velocidad porque, entre otras razones, mejorará las comunicaciones y acortará las distancias físicas que la separan de los centros de poder político y económico.

"Con tanta demora, Fomento está dañando la imagen del AVE", afirma Antoni Siurana.