Discrepancias entre los Gobiernos retrasan el derribo del edificio cordobés Noreña para construir un hospital

Las discrepancias en la interpretación jurídica mantiene en suspenso el derribo de la residencia militar Teniente Coronel Noreña de Córdoba. Este edificio fue cedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, propietaria del inmueble, a la Junta de Andalucía para uso sanitario, tal y como establece el PGOU de la ciudad. En el primer encuentro oficial entre el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Márquez, y el nuevo subdelegado del Gobierno central, Javier de Torre, todo quedó emplazado a los servicios jurídicos de ambas administraciones sobre los cauces previos al derribo.

El Gobierno central defiende que la Junta de Andalucía debe pedir una autorización a la Tesorería General de la Seguridad Social para acometer el derribo. De Torre precisó que el Gobierno central no se opondrá al derribo, pero consideran necesario el permiso. Por su parte, Antonio Márquez sostuvo que un informe jurídico de la Dirección General de Patrimonio de la Junta exime de autorización previa para el derribo. Así que el asunto queda en manos de los servicios jurídicos de ambas administraciones.

Pero el derribo de Noreña para la construcción de un centro de salud en una de las zonas de mayor extensión urbana de Córdoba tiene otro escollo previo al derribo: la descontaminación de los 100 metros cúbicos de amianto (sustancia cancerígena) detectados en el edificio.

Descontaminación

El plan de trabajo para que la empresa Protisa inicie la retirada del amianto del revestimiento de las tuberías de calefacción, los bajantes y otras zonas ya ha sido aprobado por la Delegación de Empleo. Lo que no está claro es quién debe correr con los gastos de esta actuación y de la demolición. Este tema provocó el primer encontronazo entre los socios de gobierno municipal (PSOE e IU) en el anterior mandato.

Antonio Márquez explicó que existe un convenio entre el anterior presidente de la Gerencia de Urbanismo, José Mellado (PSOE), y la Consejería de Salud por el que "el Ayuntamiento debe dejar un solar expedito" para que la Junta de Andalucía acometa después la construcción del centro de salud.

Márquez aseguró así que la Junta no sufragará ni los gastos de la descontaminación ni los del derribo. Añadió que la nueva corporación municipal no ha planteado la cofinanciación entre ambas administraciones.