¿Corrupción estructural?

Los acontecimientos acaecidos en la Comunidad de Madrid y el goteo de noticias urbanísticas consiguientes legitiman la pregunta de si en España la corrupción que parece vincular a la política y al sector de la construcción es estructural, o se trata sólo de casos contados. De la multitud de afluentes que ha traído la traición de dos diputados y la imposibilidad de investir a un presidente de la Comunidad de Madrid, fluye un cauce principal que no se debe olvidar: hay gente muy interesada en que Rafael Simancas, el candidato del PSOE, no pueda gobernar la Comunidad de Madrid; es la misma gente que se siente más cómoda bajo el paraguas del PP que de la izquierda.

La corrupción estructural es un delito de lesa democracia, como hace ya bastantes años teorizó Joaquín Leguina en su ensayo Los ríos desbordados. Por tres razones: porque aquellos que tienen la obligación y el derecho de hacer las leyes (los partidos y su entorno) tienen el deber de cumplirlas y hacerlas cumplir; porque quien obtiene financiación irregular arremete tramposamente contra el principio de igualdad de oportunidades, utilizando además dinero público; porque la financiación ilegal, al no figurar en la contabilidad oficial del partido que la ejerce, no puede estar sujeta al control social ni al control interno de la formación que supuestamente se beneficia de tan atípicos ingresos.

Repetimos la pregunta: ¿es estructural la corrupción en el sector de la construcción en sus vínculos con los partidos políticos y sus representantes? En este momento de crisis institucional conviene recordar algunas cosas que sucedieron en el pasado. El 17 de abril de 1991, el ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Josep Borrell, convocó a los presidentes de las grandes empresas constructoras para exhortarles -"en nombre del presidente del Gobierno [Felipe González] y en el mío propio"- a no pagar comisiones a ningún partido para obtener concesiones de obras. Asistieron a la reunión los presidentes de Ferrovial, Agromán, Cubiertas y MZOV, Dragados y Construcciones, Entrecanales y Tavora y Construcciones y Contratas (¡cómo ha cambiado en una década el sector de la construcción!). Tres años y medio después, Borrell reiteró la misma demanda, ya que las relaciones entre ese departamento ministerial con las empresas de la construcción "han conocido de cerca situaciones de corruptelas y corrupción en quienes se presentan como servidores públicos y no son sino servidores de su propia codicia. También el sector privado ha preferido ganancias especulativas y ocultación fiscal a la honesta dedicación a la mejoras de su empresa".

Antes de eso había ocurrido el caso Naseiro, en el que se formularon múltiples acusaciones cruzadas sobre la financiación irregular de los partidos políticos y en el que quedó al descubierto la proliferación de prácticas irregulares en la adjudicación de obras públicas. Más adelante, se descubrió el fraude de las facturas falsas del impuesto sobre el valor añadido (IVA) por una cuantía inicial que superaba los 5.000 millones de pesetas, y que volvió a remover las sospechas sobre la práctica del pago de comisiones por las constructoras a los partidos políticos a cambio de contratos: algunas empresas constructoras adquirían facturas falsas en las que se simulaban operaciones inexistentes para fabricar dinero negro destinado a ciertos pagos que no podían figurar en la contabilidad, como las donaciones irregulares a los partidos, la compraventa de terrenos e inmuebles a precios muy superiores a los escriturados para eludir el pago de impuestos, y el abono de complementos a altos directivos de las empresas, que no se declaraban a Hacienda.

Coincidiendo con la crisis institucional de Madrid, un grupo de magistrados y personalidades internacionales acaba de lanzar en París un manifiesto contra la corrupción político-financiera, bajo el eslogan de "No podemos dejar que la corrupción se extienda en el corazón del poder". Este manifiesto es la segunda parte del Llamamiento de Ginebra, que se firmó en 1996.