Lisboa se aleja

Europa reconoció tarde su retraso. La cumbre de Lisboa tuvo lugar cuando los mercados de acciones reconocían los excesos en que había incurrido la economía estadounidense como consecuencia de la fiebre inversora desatada por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Durante los cinco años anteriores en EE UU se había intensificado de forma espectacular la inversión en tecnologías de la información y, en particular, sus aplicaciones a los distintos subsistemas empresariales. Ésa fue la base del crecimiento de la productividad, y su favorable impacto en el de la renta por habitante, que todavía hoy diferencia a la economía estadounidense de la mayoría de las europeas. En marzo de 2000 se desplomaba el Nasdaq y los jefes de Estado europeos declararon su ambicioso propósito: hacer de Europa "la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo en 2010, capaz de mantener un crecimiento sostenible, con más y mejores puestos de trabajo y mayor cohesión social".

Los estímulos son fáciles de identificar: inversión pública en capital tecnológico, en investigación y desarrollo y en capital humano

Para ello, la tasa de empleo debía elevarse hasta el 70% en 2010, lo que suponen 20 millones de puestos de trabajo adicionales y el ritmo medio de crecimiento económico real no debería bajar del 3%. La agenda correspondiente hacía especial hincapié en la realización de reformas y en la intensificación de la inversión en tecnologías de la información, consideradas esenciales para conseguir ritmos de crecimiento de la productividad a la americana y, en definitiva, avances sostenibles en la convergencia real.

La revisión del grado de satisfacción de esos objetivos no aporta resultados esperanzadores. Diversos informes (el del World Economic Forum, WEF y el Informe sobre la Sociedad de la Información de la Fundación Auna son los más recientes) detallan el alejamiento de esas metas en la mayoría de las economías de la UE, al tiempo que se destacan los avances de algunas otras, Suecia, Dinamarca, Reino Unido y, de forma muy especial, Finlandia. Esta última es destacada en el informe del WEF como la única que de forma consistente puede equipararse a la estadounidense en la mayoría de las objetivos marcados en esa larga marcha hacia la igualación con la renta por habitante de EE UU en 2010: creación de una sociedad de la información para todos, un área europea para la investigación y desarrollo, liberalización y perfeccionamiento del mercado único en servicios, mejoras en las industrias de red, consecución de mercados financieros eficientes e integrados y fortalecimiento de la capacidad para emprender; todo ello, compatible con la necesaria inclusión social y el desarrollo sostenible.

En la práctica totalidad de los criterios, el grupo de países con un comportamiento inferior al promedio es el mismo: Portugal, España, Italia y Grecia. En los dos primeros indicadores, los más próximos a la economía del conocimiento (la inserción en la sociedad de la información y la innovación) España aparece según el WEF en los lugares 12 y 11 de los 14 países considerados (Luxemburgo está excluido). Conclusiones similares se obtienen a través de otros indicadores más detallados y con mayor grado de especificación cuantitativa. En el amplio y detallado eEspaña 2003 de la Fundación Auna se recoge a modo de recapitulación un ranking de desarrollo de la sociedad de la información en la UE que en 8 de los 9 criterios sitúa a España en las últimas posiciones; sólo la extensión de la administración pública electrónica, en sexto lugar, demuestra que no existe ninguna incapacidad congénita para que, con el debido estímulo, España avance en esa senda al ritmo que lo hacen los países más modernos. Y los estímulos no son difíciles de identificar en otros países con elevado grado de inserción en la sociedad de la información: inversión pública en capital tecnológico, en investigación y desarrollo y en capital humano, capítulos en los que España aparece igualmente en los últimos lugares.

En las historias de éxito, desde EE UU a Finlandia, emerge un denominador común: la existencia de un muy marcado compromiso público inversor que excede a la también muy importante racionalización de la Administración pública. En ninguno de esos países de referencia se antepuso el equilibrio presupuestario a la alfabetización tecnológica.