Los diputados rebeldes expondrán a Blanco los motivos de su desafío a la dirección del PSPV

La crisis del PSPV sigue latente, pero los socialistas aprovecharán el periodo de tramitación de las expulsiones de los siete diputados díscolos de L'Alacantí, que debe aprobar el PSOE, para propiciar una una salida menos traumática y que pasa, ineludiblemente, por que los rebeldes entreguen sus actas. Los ediles expedientados dijeron que solicitarán una entrevista con el secretario federal de Organización, José Blanco, para explicarles los motivos de su desafío a la dirección valenciana. El secretario general de Alicante, Ángel Franco, recurrió la elección de los diputados.

Los cuatro diputados socialistas y los tres suplentes electos el pasado martes a la Diputación en una lista alternativa a la oficial no se negaban ayer a hablar de dimisión a cambio de perdón. Su decisión es resistir ante la expulsión del partido que ha propuesto la Ejecutiva Nacional del PSPV y recurrir en Madrid el expediente. Una de las ediles rebeldes, la alcaldesa de Mutxamel, Asunción Llorens, explicó que cuando reciban la notificación de los órganos federales sobre la apertura del expediente disciplinario, solicitarán una entrevista con el secretario federal de Organización, José Blanco, "para que pueda oír a las dos partes". No obstante, en el caso de que el PSOE en Madrid ejecute la decisión "la asumiremos y, en mi caso, pasaría como independiente en el seno del grupo socialista de Mutxamel", explicó.

La intención inicial de los renovadores es "recurrir la decisión y esperar que nos pidan explicaciones por nuestro comportamiento, que tenemos claro", apuntó. Llorens explicó la motivación de presentar una lista alternativa, que respondía a "la violación por parte del partido de sus propias normas internas, que contemplan la presencia y paridad entre hombres y mujeres".

La alcaldesa señaló que no entendía que, en una lista de 18 diputados, sólo haya una mujer. Para Llorens es necesario que la dirección del PSPV "también reflexione sobre la situación que ha creado y la falta de diálogo que ha llevado a esta situación".

Por su parte, la alcaldesa de El Campello, Marita Carratalá, señaló al secretario comarcal, Agustín Jiménez, como causante del malestar dentro del partido. Carratalá, en declaraciones a Efe, calificó de "cacicada" la lista defendida y presentada por el secretario comarcal sin debate interno.

Carratalá advirtió a la dirección del PSPV de que la división de pareceres dentro del partido no es exclusivo de una comarca, sino que se ha repetido en otros lugares de la provincia, y podría establecer una unión entre todos ellos para responder en Madrid.

Dimisión de Iborra

La extensión de la crisis a la agrupación socialista del Vinalopó Mitjá también ha tenido consecuencias internas. El

alcalde de Aspe, Miguel Iborra, cumplió con su promesa y presentó su dimisión como secretario comarcal del Vinalopó Mitjà en la reunión ejecutiva comarcal celebrada la noche del jueves en La Romana. La dimisión de secretario comarcal viene precedida de la negativa de la mitad de los ediles de la comarca a votar al candidato oficial, José Miguel Espinosa, como diputado provincial. El alcalde de Aspe afirmó que el partido socialista "ha seguido un procedimiento malo para la confección de la lista, en el sentido de que no ha cumplido con los estatutos internos del partido". Desde su punto de vista, la dirección del PSPV "no tiene legitimidad para proponer expulsiones, cuando hace cuatro años fueron autores de una rebelión similar que les aupó a donde están", razonó.

El secretario general de Alicante y senador, Ángel Franco, tampoco se cruzó de brazos y, en vista de que los diputados rebeldes no están dispuestos a renunciar a sus actas en la corporación provincial, el PSPV de Alicante interpuso un recurso contencioso-administrativo para que los tribunales invaliden la votación de la lista alternativa.

Franco informó de que el recurso contiene tres argumentos de peso para que el Tribunal Superior de Justicia valenciano anule la votación en la que la lista díscola resultó vencedora. La principal alegación se basa en un artículo de la Ley Electoral, según el cual la votación de los concejales para elegir a los diputados provinciales no se puede realizar mientras no estén constituidos todos los ayuntamientos de la provincia. En el caso de Alicante falta por constituirse el de Benidorm.