Un ex concejal de Urbanismo de Madrid declara como imputado en una lucrativa operación urbanística

El ex concejal de Urbanismo de Madrid, Ignacio del Río, se desentendió ayer de la operación inmobiliaria de Arroyo del Fresno -un barrio al norte de la capital- que supuso para el promotor y ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz una ganancia, en un sólo día, de 1,081 millones de euros (180 millones de pesetas). El Ayuntamiento vendió el 28 de marzo de 1998 una parcela a la Junta de Compensación de Arroyo del Fresno -presidida por el también imputado en esta causa Carlos Pinilla- por 218 millones de pesetas. El mismo día y por el mismo precio, Pinilla se la vendió a Sanz. Y éste, el mismo día, la vendió por 398 millones de pesetas a una cooperativa gestionada por Pinilla; es decir, en un sólo día el terreno municipal generó unas ganancias para Sanz, que también está imputado, de 180 millones de pesetas.

En relación con ésta y otras operaciones inmobiliarias en Arroyo del Fresno, Del Río declaró ayer como imputado ante el juez de Madrid Fernando Grande-Marlaska. Sobre las ganancias de Sanz con ese suelo de procedencia municipal, Del Río señaló: "La normativa general impide la especulación, y los actos posteriores de la Junta de Compensación [de Arroyo del Fresno] no están sujetos a control público".

En su declaración ante el juez, el imputado Pinilla afirmó que el Ayuntamiento estaba informado de los pasos que la Junta de Compensación dio con ese suelo. Cuando hay de por medio suelo de origen público, y para evitar que se especule con él, la ley obliga a que haya un representante del Ayuntamiento en la Junta de Compensación. En este caso, no hubo ningún representante que controlase el destino que iba a darse a ese suelo. Del Río, actual consejero delegado de Madrid 2012, declaró ayer que ignoraba si hubo un representante del Ayuntamiento en la citada junta de Arroyo del Fresno. "No sé por qué no se nombró. Lo normal es que en las juntas de compensación haya un representante del Ayuntamiento", dijo. El juez investiga un convenio firmado por el Ayuntamiento en 1997 con la mencionada junta que permitió levantar 539 nuevas casas contraviniendo supuestamente el plan de urbanismo.